Madrid, 28 feb (EFE).- Más de 45.600 familias españolas habían podido aliviar su deuda hipotecaria al finalizar 2016 tras acogerse al Código de Buenas Prácticas, una de las medidas que puso en marcha el Gobierno en 2012 para paliar los efectos de la crisis, como el problema de los desahucios.
Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, las citadas iniciativas han beneficiado ya a más de 76.600 familias.
En concreto se han suspendido más de 24.000 lanzamientos o desahucios, al tiempo que 38.500 familias de las 45.600 acogidas al Código de Buenas Prácticas han logrado reestructurar su deuda hipotecaria y otras 7.000 se han liberado del pago de la hipoteca con la entrega de las llaves de su vivienda, lo que se conoce como dación en pago.
Según estos mismos datos, el Fondo Social de Viviendas (FSV) había adjudicado 9.020 viviendas al cierre de 2016, lo que representa más del 90 % de los pisos disponibles para colectivos vulnerables.
La vigencia de este Fondo se ha prorrogado un año más, hasta el 17 de enero de 2018, explica Economía, que recuerda que también está previsto extender dos años más la suspensión de los lanzamientos que vencía este año y ampliar las medidas de protección a deudores hipotecarios afectados por la crisis a las familias con menores de edad a su cargo, no solo hasta los tres años.
Según explica Economía, el FSV se creó en enero de 2013, con 5.892 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos, de entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30 % de los ingresos de la unidad familiar.
Expiraba a los dos años de su constitución, pero el Gobierno lo ha prorrogado en dos ocasiones, en la actualidad hasta enero de 2019.
Con la ampliación a 9.866 viviendas acordada en septiembre de 2015, el FSV "cubre un mayor número de situaciones que requieren una respuesta desde todos los organismos y entidades implicadas".
Además, se han incluido nuevos colectivos con derecho a la obtención de una vivienda del FSV, que ahora pueden solicitar las personas mayores de 60 años y los matrimonios o parejas de hecho sin hijos.
Se prevé además que al menos el 5 % de las viviendas del FSV se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios siempre que cumplan los demás requisitos, añade la nota.
Estos requisitos se añadieron a los ya vigentes que, en conjunto, hacen que ninguna persona o familia en dificultades quede desasistida, dice Economía.
Se pueden acoger al FSV aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago.
Deben reunir una serie de requisitos económicos, en concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.
Además, deben cumplir con otros requisitos de vulnerabilidad, entre ellos ser familia numerosa, tener menores de edad a cargo, tener algún discapacitado, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones o las víctimas de violencia de género.
También podrán optar a una de estas viviendas los prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos, y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone "un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social".
