La antigua BPA, a un paso de la subasta un año después de su intervención

Andorra la Vella (Andorra), 9 mar (EFE).- Un año después de la intervención de Banca Privada d'Andorra (BPA) y a la espera de su subasta, el sistema bancario andorrano ha afrontado doce meses de medidas impulsadas por el Govern d'Andorra para devolver la confianza a este sector, que supone el 21 % del PIB del país.

Mañana jueves se cumple un año de la intervención de BPA por parte del regulador financiero andorrano, después de que Estados Unidos anunciara que estaba investigando a la entidad por canalizar supuestamente fondos del crimen organizado.

En estos últimos doce meses el Gobierno del Principado ha adoptado una larga serie de actuaciones para devolver la tranquilidad y la confianza a la plaza financiera andorrana, que está ahora pendiente de saber cuál será el futuro de la antigua BPA, que se encuentra a las puertas de la subasta.

A finales de marzo acaba el plazo para la presentación de ofertas en firme por Vall Banc, el banco puente constituido el pasado mes de julio por la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) -un organismo equivalente al FROB español- y que aglutina los activos y pasivos 'sanos' de BPA.

Hasta la fecha han sido ocho los candidatos seleccionados para presentar sus propuestas, que en la actualidad están estudiando toda la información financiera de Vall Banc para evaluar la posibilidad de concurrir a la subasta.

Paralelamente, Joan Pau Miquel, el exconsejero delegado de BPA, que permanece en la prisión de Andorra desde el 15 marzo del año pasado acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales, está a la espera de que se celebre el juicio por su caso.

Es, por ahora, la única persona que ha ingresado en prisión de los más de veinte imputados por la Batllia andorrana por este caso.

A Joan Pau Miquel se le considera el presunto responsable de una estructura organizada que se dedicaba al blanqueo de capitales en BPA y, además, se le acusa de un delito mayor de fraude a la Seguridad Social andorrana por no abonar más de medio millón de euros en cotizaciones.

Tanto la Batllia de Andorra como las instancias judiciales superiores han declinado las múltiples peticiones de la defensa del acusado de concederle la libertad provisional alegando que podía entorpecer la investigación del caso.

Durante este primer año del caso BPA, la familia Cierco, accionista mayoritaria del banco, ha interpuesto diversas demandas en Estados Unidos y en Andorra contra la intervención de la entidad pues, a su juicio, esta decisión ha lesionado sus derechos e intereses.

La más importante es la reclamación económica de 365 millones de euros que los hermanos Cierco formalizaron en octubre del año pasado por responsabilidad administrativa contra el Gobierno de Andorra y el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF).

La familia, además, estudia interponer acciones en España y otras jurisdicciones donde puedan resultar lesionados sus derechos y no descarta acudir a los tribunales europeos.

Ayer, sin embargo, se supo que BPA tenía 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales, lo que supone el 3 % del total, y que generaban un volumen de negocio de unos 1.000 millones de euros, el 19 % del total de la entidad, según el informe de auditoría independiente realizado por PwC.

La AREB asegura que está adoptando las medidas necesarias para identificar posibles indicios delictivos vinculados tanto a la dirección general como a los administradores de BPA, entre los que figuran los principales accionistas de la entidad, los hermanos Higini y Ramon Cierco.

El caso BPA, que conmocionó el importante sector financiero andorrano, estalló después que el FinCEN, el organismo del Tesoro de Estados Unidos dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales, emitiera una comunicación calificando a la entidad como "una institución de primer orden" en materia de lavado de dinero.

Horas después, las instituciones andorranas intervenían BPA para "garantizar la continuidad de la operativa de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana".

Andorra, además, limitó a los clientes de BPA la retirada de efectivo a 2.500 euros por semana y cuenta, medida que buscaba que el cuarto banco del país siguiera perdiendo valor.

El Gobierno andorrano ha defendido siempre su contundente actuación, aduciendo que intervino la entidad pensando en el bien del sistema financiero andorrano.

Hace tan solo tres semanas el FinCEN emitía una segunda nota en la que anunciaba que daba por liquidada BPA y, por tanto, que la retiraba de su lista negra, al considerar que "ya no opera de manera que suponga una amenaza al sistema financiero de Estados Unidos".

La institución americana aplaudía, además, la gestión del caso por parte de las autoridades andorranas y que las actuaciones emprendidas para aislar los activos tóxicos "protegen al sistema financiero estadounidense de los riesgos de blanqueo de capitales asociados a BPA".

Pese al daño en la reputación que causó el escándalo BPA en el sistema financiero andorrano, éste logró reponerse y cerrar el ejercicio 2015 en positivo, al gestionar ese año un volumen total de recursos de 44.982 millones, un 2,3 % más que en 2014.

Los bancos andorranos, englobados en la patronal Associació de Bancs Andorrans (ABA) -AndBank, Morabanc, Crèdit Andorrà y Banc Sabadell d'Andorra-, son cuatro de los grupos financieros que estudian ahora la posibilidad de pujar por Vall Banc.