
El sector defiende que las cláusulas son legales, a pesar del informe de Bruselas
Hasta pasado el 26 de octubre se pensaba que el escenario más probable para el futuro de las cláusulas suelo lo marcaría el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid. Este tribunal está a punto de publicar la sentencia sobre la demanda colectiva de 15.000 afectados presentada por Adicae contra 31 entidades. Casi todos, ya que hay aún quién defiende que los jueces dejarán las cosas cómo están, piensan que es muy probable que, siguiendo la estela del Supremo, declare su nulidad basándose en una comercialización poco transparente.
Pero esto era hasta el 26 de octubre. Ese día se dio a conocer un informe de la Comisión Europea en el que defendía que si un juez declara la nulidad de una cláusula, el efecto debe llegar hasta el momento de su activación. En otras palabras: que se debe devolver todo lo cobrado por ellas.
Desde ese día, pues, la banca y unos 2,5 millones de clientes están pendientes de si el Tribunal de Justicia Europeo refrenda la opinión mayoritaria del informe de Bruselas, y de la sentencia española que puede extender a todas las entidades la eliminación de las cláusulas, a pesar de que el Gobierno ya se ha movilizado para defender en Europa la legalidad de unas cláusulas que han estado presentes en los contratos hipotecarios desde hace décadas.
Para la banca, estas decisiones podrían tener un impacto nada desdeñable en sus cuentas de resultados y, dependiendo de la retroactividad, en su capital.
BBVA, que al igual que Abanca y Cajamar, las eliminó tras la sentencia del Supremo de 2013, calculó que sólo en el primer mes los menores ingresos provocaron un impacto de 36 millones de euros en el beneficio neto.
Más recientemente, Caixabank y Bankia, que acaban de anunciar que a lo largo de este ejercicio dejarán de tener hipotecas con cláusulas suelo, han cuantificado el impacto en 200 millones y 40 millones anuales, respectivamente, en el margen de intereses.
El impacto, total y relativo, depende de cuantas hipotecas de este tipo se mantienen en cartera y qué porcentaje supone sobre el total de la entidad.
Las más afectadas, por una eventual eliminación, serían Popular, Liberbank y Sabadell. El 10 por ciento de hipotecas del Popular afectadas provocarían a la entidad un efecto anual en los beneficios netos de entre 84 y 96 millones, algo más del 20 por ciento del resultado esperado para final de año. Por su parte, el Sabadell, que cómo el Popular y Liberbank defiende la legalidad de sus cláusulas, dejaría de percibir unos 160 millones en su beneficio bruto, mientras para Liberbank supondría unos 20 millones de euros, también del resultado bruto.
Sin embargo, estos efectos se limitan a la eliminación, pero no a la retroactividad, que podría negarse, extenderse hasta mayo de 2013 (la fecha de la sentencia del Supremo) o desde su activación, que se remonta al año 2009.
No hay cálculos fiables hasta la fecha de a cuanto ascendería el quebranto para las entidades. Justicia y Economía ha pedido al Banco de España que les ayude a la cuantificación, por lo que ha solicitado a los bancos que hagan su previsión sobre el impacto que ocasionaría. El Supremo, en la mencionada sentencia de 2013, justificó, sin acudir a cifras concretas, no aplicar la retroactividad por los ?trastornos graves para el orden económico?.
La AEB, como el Gobierno, ha recordado que nada cambia hasta que no haya sentencia del tribunal europeo, y que el polémico informe no es la opinión oficial de la Comisión Europea sino de los servicios jurídicos, que además no se refieren a la generalidad de las cláusulas suelo, sino a un caso concreto.
Cálculos conservadores estiman que supondría para la banca cotizada devolver a sus clientes unos 3.600 millones de euros, mientras los más optimistas con los afectados elevan la cifra total hasta los 20.000 millones de aplicarse la retroactividad desde 2009.
La manera de afrontar este nuevo agujero sería diferente al caso de la eliminación. El cargo, probablemente, se anotaría en las reservas del banco, por lo que sería el ratio de capital el afectado.