Banca y finanzas

La CE estudia la legalidad de avales a activos fiscales de la banca en España

Bruselas, 7 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) informó hoy de que está recabando información para determinar si los avales dados por España, Grecia, Portugal e Italia a determinados activos fiscales de la banca constituyen ayudas de estado incompatibles con la legislación comunitaria.

"La Comisión ha enviado cartas pidiendo información a estos estados miembros que dieron garantías a diferentes activos fiscales para entender cómo funcionan esas medidas y si implican ayudas de estado", señaló en rueda de prensa el portavoz comunitario Alexander Winterstein.

Winterstein adelantó que ya se ha recibido algunas respuestas que se están analizando y que tomar una decisión "llevará tiempo".

"Podemos confirmar que hemos enviado cartas administrativas a España, Italia, Portugal y Grecia", indicó, por su parte, la portavoz comunitaria Lucía Caudet.

El Ejecutivo comunitario quiere conocer los detalles de la aplicación del real decreto ley que aprobó el Gobierno español en 2013 para permitir a la banca contabilizar como capital principal el 60 % de sus activos por impuestos diferidos (DTA, siglas en inglés), lo que supone unos 30.000 millones de euros, que no son considerados de "alta calidad" por el Banco Central Europeo (BCE).

En total, la banca cuenta en España con 50.000 millones de euros en DTA, activos que generan un crédito fiscal a las entidades porque son gastos que han tenido un impacto en los bancos y no se han podido deducir.

La consideración de estos activos cambió con la entrada en vigor de las nuevas normas de Basilea III, que obligan a las entidades a deducir de su capital estos DTA por considerar que, en caso de pérdidas o insolvencia, no tienen valor ya que sólo se recuperan mediante el pago de menores impuestos en el futuro siempre que la entidad obtenga beneficios.

Caudet explicó que las normas europeas e internacionales hacen referencia a la calidad que debe tener el capital para poder afrontar casos de dificultad, pero no precisan el tratamiento de las ayudas de estado.

Según esta portavoz, lo primero que va a intentar aclarar Bruselas es si se trata de "un régimen sectorial o que se aplica a todos los bancos de un país", en cuyo caso tendría un carácter selectivo que podría ser considerado una ayuda de estado ilegal.

"Las reglas europeas ya prevén que los DTA no pueden ser considerados capital y que deberán terminar en 2019", agregó Caudet.

La CE confirma, por otro lado, que estas medidas no fueron formalmente notificadas a Bruselas antes del envío de las cartas administrativas, aunque sí hubo contactos a nivel técnico al respecto.

Bruselas ha rehusado aclarar por qué ha enviado las cartas ahora pues países como España, Grecia y Portugal estaban bajo la supervisión de la CE, del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando adoptaron las medidas.

La Comisión se ha limitado a decir que ha dado este paso después de ser contactada por diversos interesados, entre los que figuran varios eurodiputados, sobre quienes no ha querido dar detalles, ni tampoco sobre el momento del envío de los escritos.

Tres eurodiputados españoles y uno alemán enviaron preguntas parlamentarias por escrito a la CE sobre esta cuestión en 2013 y 2014.

Ramon Tremosa (CDC) preguntó a Bruselas en tres ocasiones, en noviembre de 2013 y enero y febrero de 2014, mientras que Willy Meyer (IU) lo hizo en diciembre de 2013; Paloma López (IU) en septiembre del año pasado y el alemán de los Verdes Sven Giegold en abril de 2014.

Hasta tres comisarios respondieron a estas preguntas: el exresponsable de Competencia Joaquín Almunia; el antiguo titular de Asuntos Monetarios y Económicos, el finlandés Olli Rehn, y su actual sustituto en el cargo, el francés Pierre Moscovici.

Todos dijeron no haber recibido notificación de ayudas estatales de las autoridades españolas en relación con esas medidas y recalcaron que existe ayuda estatal únicamente cuando una medida otorga, de hecho o de derecho, una ventaja selectiva a determinadas empresas o a la producción de ciertos bienes.

"Es una investigación en curso, no prejuzgamos el resultado, no es una investigación formal y, si tomamos una decisión, por supuesto tendrá que tener en cuenta factores como las leyes existentes y la estabilidad financiera", subrayó Caudet.

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