Fernández Ordoñez dilapidó durante su mandato el prestigio atesorado por el Banco de España. Aplicó con retraso medidas insuficientes, le faltó autoridad, independencia y acabó por agravar los problemas.
A pesar de las ampollas que han levantado en España las críticas del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, sobre la actuación del Banco de España en la era de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, éstas no fueron las primeras ni las más duras que tuvo que recibir la cúpula del organismo supervisor.
Así, en mayo de 2012, poco después de que estallara la crisis en Bankia y un mes antes de que se anunciara el rescate financiero por la Unión Europea, el FMI, tal como hizo Durao Barroso el pasado lunes, culpó a la cúpula del Banco de España del deterioro del sector financiero durante la crisis.
En el informe preliminar que elaboró el organismo multinacional sobre el sistema financiero español se afirmaba que, aunque el Banco de España "había identificado en fase muy temprana" los distintos problemas de las entidades, las decisiones se demoran, no se emplean todos los instrumentos disponibles y, además, se aplica la misma receta para todas las entidades, estuvieran bien o mal.
El resultado para el FMI es que la tardía intervención del Banco de España provocó la acumulación de problemas y más pérdidas en bancos y cajas, es decir, que no sólo actuó tarde, sino que actuó mal.
Los reproches se tornan halagos cuando habla de los inspectores de la institución y así afirmó que las actividades de inspección "revelan la minuciosidad del proceso y la identificación de los riesgos fundamentales". También afirmó que "el proceso de supervisión del Banco de España es fuerte y está sustentado por la experiencia de su cuadro de inspectores".
El prestigio y la profesionalidad del cuadro técnico, sin embargo, no fueron suficientes para retener la buena fama que el Banco de España se labró en años anteriores y que durante el mandato de Fernández Ordóñez se fue difuminando sin remedio. Después, con el gobernador de salida, la decisión de Luis de Guindos de encargar a consultoras independientes, y no al Banco de España, tanto la auditoría de los activos de las entidades españolas como un posterior test de estrés marca el momento de más desprestigio del supervisor.
La crisis, cuya dimensión y extensión es mayor que la de cualquier otra desde el año 29, la regulación sobre cajas, con la partición de competencias entre comunidades autónomas y Banco de España, y la exposición del sector al inmobiliario, no explican por sí solas tal derroche de prestigio.
Durante toda la crisis, incluso antes, dentro la propia institución, los inspectores alertan de los riesgos que laten dentro de los balances bancarios, pero esa voz es desatendida, cuando no acallada.
Ya en abril de 2005, durante el mandato de Jaime Caruana, y antes de que percibiera signo de debilidad alguno en la economía española y mundial, los inspectores alertan al Ministerio de Economía, cuyo titular era entonces Pedro Solbes, sobre la elevada exposición al sector inmobiliario de las entidades financieras y el exceso de riesgos en que habían incurrido.
Por aquel entonces, el peligro para el sector financiero de "una corrección desordenada de sus evidentes desequilibrios" por un eventual pinchazo del mercado inmobiliario sonaba a ciencia ficción, y la voz de los técnicos no fue tenida en cuenta.
Este precedente, el de ignorar las advertencias de los que analizaban in situ las entrañas de bancos y cajas, no sólo tuvo continuidad en la etapa de Fernández Ordóñez y Aríztegui, sino que fue la tónica general. Las inspecciones alertaban de preocupantes debilidades que luego no eran reflejados en los informes que desde la dirección general de supervisión de Jerónimo Martínez Tello se presentaba al consejo del Banco de España.
De esta realidad edulcorada también se quejaron algunas entidades a las que el Banco de España empujaba hacia inciertas fusiones sin proporcionar toda la información sobre los futuros socios.
Pero la primera crítica que recibe Fernández Ordóñez no se produce por cuestiones financieras. A finales de 2007, cuando ya se percibían signos inequívocos de desaceleración, el supervisor negaba sistemáticamente en sus informes la existencia de una crisis. El PSOE se enfrentaba a las urnas en la primavera de 2008 y sólo después, cuando el partido que lo promovió al Banco de España estaba libre de cualquier daño político, cambió el tono optimista para admitir el inicio de una recesión. Con ello, la independencia del supervisor quedó cuestionada irremediablemente si bien aún no se sospechaba el triste papel que iba a representar para el sector financiero.
El "mejor sistema del mundo"
El mensaje en septiembre de 2008, después de la quiebra de Lehman Brothers, era el mismo que lanzaba José Luis Rodríguez Zapatero. El entonces presidente de Gobierno afirmaba con rotundidad que "tenemos el mejor sistema financiero del mundo. Tiene unos niveles de solvencia y de provisión muy elevados, superiores a los de cualquier otro sistema con los que nos podamos comparar".
Apenas seis meses después, en la primavera de 2009, se produce la intervención más relevante desde Banesto de una entidad, la de Caja Castilla-La Mancha. Tampoco entonces se encendió ninguna alarma. Solbes reconoce una importancia relativa ya que "solo supone el 1 por ciento de los activos".
Sin embargo, y en previsión de ulteriores intervenciones se modifica la legislación, para crear el Frob, que en un principio nace con 9.000 millones, ampliables hasta 90.000.
En Europa, mientras tanto, y en vista de que el circuito mayorista de financiación estaba roto, se articula un sistema de avales que también se pone en marcha en España.
Es la única vez que vamos al mismo ritmo que el resto de países en cuanto a implementación de medidas. Pronto en Europa, al igual que antes lo había hecho Estados Unidos, países como Alemania, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica inyectan multimillonarias ayudas a sus bancos y se producen nacionalizaciones totales o parciales, compras de preferentes o entradas de fondos asiáticos que transforman el control del capital.
Pero España no lo hizo. Mientras el maremoto originado en Estados Unidos sacudía a Europea, Fernández Ordóñez aseguraba que esos problemas no eran los nuestros. Los modelos de negocio de la banca europea se basaban en unas tomas intolerables de riesgo que estaban ausentes en el sistema financiero español. El análisis generalizado en el sector y entre los expertos es que entonces se pierde la oportunidad de haber saneado el sector al mismo tiempo que Europa, lo que habría ahorrado no sólo dinero de todos los contribuyentes, sino la verguenza de ser señalados y castigados por los mercados.
Sólo un año después, cuando las sospechas se extienden sobre muchas entidades, la sucesora de Solbes, Elena Salgado, admite que "no todas las entidades tienen la misma fortaleza para soportar el deterioro de sus activos" y el Banco de España se plantea hacer algo.
Otro momento clave, y que el FMI describe en su informe, cuando dice que ante el deterioro de la economía, mayor del previsto, el Banco de España descarta "cerrar bancos" y busca una solución de mercado que tuviera un coste menor.
Y con esa filosofía, la de la solución definitiva y barata, adopta la modalidad francesa de los SIP, el único sistema que podría salvar la resistencia de las cajas a unirse, sobre los que articula en 2010 las primeras fusiones de cajas. Se abre la compuerta a maridajes para ocultar debilidades, que posteriormente se han revelado nada afortunados y, algunos, incluso, denunciados como forzados. El expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, acusó al gobernador de amenazar su intervención si no se integraba en Caja Madrid, convirtiéndose posteriormente en el gran lastre de un grupo receptor de 22.424 millones del erario. Versión corroborada después por el expresidente de la madrileña y Bankia, Rodrigo Rato.
"Lo peor de lo peor"
Otra de las más sonadas polémicas fue la incorporación de la Caja Mediterráneo (CAM) al proyecto de Cajastur. Frustrada en tiempo de descuento, la asturiana abrió la caja de los truenos al quejarse de que la alicantina ocultaba un agujero, capaz de llevarse por delante al grupo, sin mediar aviso alguno por parte del supervisor, que debía ser buen conocedor de sus cañerías.
Una vez intervenida la alicantina y envuelta en un escándalo por millonarios sueldos de su cúpula que, como se repetirían en muchos otros casos escaparon al control del supervisor, Fernández Ordóñez verbalizó la confesión más paradigmática de su paso por el organismo: "La CAM es lo peor de lo peor".
La sombra de duda se espesa sobre toda la banca. En un intento de despejarla de raíz y con un ejercicio inédito de transparencia, somete a las pruebas europeas de resistencia hasta a la diminuta Caixa Pollensa. Se examinaban 90 entidades -25 son nuestras-. Hay ocho suspensos -cinco recalan aquí-.
Suspensos en Europa
La creencia en ganarse el favor exterior desnudando hasta el balance mínimo resulta al revés: se agudiza el descrédito y los mercados niegan financiación a las entidades. Tres grupos de cajas, incapaces de cumplir con los requerimientos de recursos propios, arrojan la toalla y acaban nacionalizados -Novagalicia, Unnim y CatalunyaCaixa-.
A Banca Cívica y Bankia se les empuja a salir a bolsa, en medio de una de las mayores turbulencias, alimentada por la crisis reputacional que mete la prima de riesgo en una espiral que agrava hasta la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Su improvisado estreno en el parqué recala hoy en los tribunales, junto a decenas de denuncias por jubilaciones millonarias de malos gestores, a las que el supervisor era ajeno, y el quebranto de los pequeños ahorradores en la denostadas participaciones preferentes. La emisión de dichos títulos de deuda fue profusa en 2009 para recapitalizar entidades, auspiciadas o, cuando menos, permitidas por la institución también bajo su singladura.
La llegada del PP al Gobierno cambia la estrategia. Frente a la parsimoniosa solución a la fragilidad de las cajas, con decretos paulatinos -en requerimientos de capital, reglas de gobernanza, retirada de poderes a las autonomías, etc-, el ministro de Economía, Luis de Guindos, impone reformas drásticas para cerrar de una vez la reestructuración. Esta vez el gobernador alerta del desafío, los riesgos y de la factura pública que acarrareará el brusco cambio de guión. Acertó.
Las provisiones para el ladrillo de De Guindos llevan a Caja3 a Ibercaja, Ceiss a Unicaja, La Caixa sale en auxilio de Cívica, el grupo BFA-Bankia y BMN acaban nacionalizadas. La negación del problema y su pausada resolución, bajo el loable argumento de limitar el coste para el Erario, no resuelve. De las 45 cajas quedan 11 grupos. Se han comprometido entre 61.000 y 120.000 millones en ayudas. Según el BCE, 30.000 millones o el 3 por ciento del PIB, nunca se recuperarán.
La Audiencia rechaza imputar a Fernández Ordoñez
