Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, se va a reunir con funcionarios españoles para definir si el último 'rescate' bancario a través de garantías públicas, con un montante total de 30.000 millones de euros, debería afectar a las cifras oficiales de déficit y deuda.
Así lo publica hoy Bloomberg, que asegura que este encuentro, que versará sobre los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés), se realizará ya el próximo mes de junio. Eurostat quiere evaluar si este programa debería anotarse tanto en el déficit como en la deuda pública.
El pasado 29 de noviembre el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un real decreto por el que permitía a la banca española computar como capital de máxima calidad hasta 30.000 millones de euros, al dejarles convertir más de la mitad de sus activos fiscales diferidos (los llamados DTA) en créditos fiscales avalados por el Estado.
En otras palabras, con este paso el Gobierno lograba suavizar el impacto de Basilea III y los efectos que supone no poder computar como recursos propios estos activos fiscales diferidos. Algo así como una artimaña fiscal, una ventaja que otorgaba el Ejecutivo para que esos activos sí computen como capital, eso sí gracias a un aval del Estado tras su transformación en crédito.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, adaptó a España este sistema que fue utilizado en Italia, y que básicamente permite a una entidad reclamar al Estado el valor total de estos DTAs en caso de quebrar. De hecho, según Bloomberg, la investigación de Eurostat podría extenderse a otros países.
La mayor parte de estos activos diferidos en España provienen de las pérdidas que tuvieron que anotarse en 2012 después de que el Gobierno forzara a la banca a reconocer sus pérdidas derivadas del ladrillo. Hasta ahora, el ministro Guindos ha defendido que esta medida no afectaría al déficit y a la deuda pública.
El Gobierno avalará créditos fiscales a la banca
