El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno y mantendrá suspendida la ley antidesahucios aprobada en junio pasado por Navarra, que prevé la expropiación de viviendas a los bancos para evitar desalojos de familias por impagos en sus préstamos hipotecarios. La norma fue paralizada en diciembre, a petición del Ejecutivo, que ha intentado tumbar este tipo de iniciativas en instancias europeas.
Se trata de la segunda resolución así del Alto Tribunal. El pasado mes de enero frenó el decreto ley promulgado en abril por la Junta de Andalucía, cuyos puntos más polémicos también establecían la expropiación temporal de pisos a la banca y a compañías promotoras en caso de lanzamiento de viviendas.
Frenó la ley andaluza
El Constitucional asume los argumentos de la Abogacía del Estado, que alertan sobre potenciales perjuicios para el sistema financiero y la reestructuración bancaria si no se frena la ejecución de la norma foral. El auto, fechado el pasado 10 de marzo, sostiene que, "en una situación como la presente de excepcional desconfianza en el sistema crediticio globalmente considerado", una medida así atentaría contra el interés público si colocan en riesgo "la reestructuración bancaria apoyada con dinero público".
El Tribunal reconoce que la ley foral persigue el interés público de garantizar el derecho a la vivienda a personas en riesgo de perder su techo. Pero entiende que los potenciales perjuicios de suspender la expropiación de los pisos para evitar dichos desalojos serían "notablemente reducidos" porque el Gobierno ha arbitrado soluciones paliativas para personas en situación de especial vulnerabilidad.
El real Decreto de 2012 contempla, entre otras medidas, la suspensión inmediata y durante un plazo de dos años de los desahucios de familias en situación de especial riesgo de exclusión. Entre las medidas excepcionales aprobadas por el Ejecutivo se insta a la banca a reestructurar la deuda de las familias, incluso, con quitas y la oferta de quedarse en su piso en régimen de alquiler, con rentas reducidas.
Aspiraciones de Canarias
Que el Constitucional paralice el decreto andaluz y navarro podría frenar las aspiraciones en otras regiones, como Canarias, cuyo parlamento tramita una norma que proyecta retirar la propiedad de los pisos a la banca durante tres años.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha intentado desde el inicio cercenar este tipo de reglas autonómicas, cuya efectividad cuestiona. Su simple anuncio ha hecho saltar las alarmas entre los inversores extranjeros que sobrevuelan los inmuebles de la banca y temen quebrantos en caso de materializarse las ejecuciones. El Gobierno acudió a Bruselas en un intento de paralizar la iniciativa andaluza, la primera en concretarse y que el PSOE capitalizó como su alternativa a la ley de desahucios del Ejecutivo.
No lo logró, pero en junio del pasado año consiguió el respaldo de la troika a su inquietud. La Comisión Europea remitió una carta al Ministerio de Economía donde alertaba de las amenazas y riesgos que el decreto andaluz arrojaba sobre la banca y, por extensión, en el conjunto de la economía. En el informe emitido en ese momento sobre el grado de cumplimiento de los compromisos con Europa, la Comisión ponía el acento en el elevado coste, de unos 200 millones, que las expropiaciones podrían suponer para el banco malo, pieza clave en la reestructuración.
El TC tumba la segunda ley 'antidesahucios' andaluza
