En la cruzada contra el blanqueo de capitales, la banca española adolece de un flanco aún frágil: la detección y vigilancia de negocios y transacciones asociadas a personas políticamente expuestas nacionales es inferior a la aplicada por la industria europea. Apenas un 50 por ciento de las entidades identifica y clasifica a estos clientes, cuando el grado de seguimiento de la banca mundial alcanza el 65 por ciento.
Bajo la denominación de persona políticamente expuesta (PEPs) se engloba a políticos, familiares y allegados. Como la dificultad de ponerles nombre y apellidos e, incluso a sus empresas, es máxima, hay proveedores especializados en elaborar listas. Las usan un 67 por ciento de entidades españolas, mientras en Europa alimentan el 85 por ciento de los sistemas de monitoreo.
Son parte de las conclusiones del informe trianual que KPMG elabora desde hace una década a través de encuestas a responsables de la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo en la banca mundial -en la última participan 317 profesionales de los 1.000 bancos globales-. El informe también revela que solo la mitad de las firmas nacionales consideran la posibilidad de evasión de impuestos entre los parámetros para evaluar el riesgo de un cliente frente al 80 por ciento que lo hace en Europa.
Frente al mayor celo regulador
El desfase choca con la inquietud reguladora. Europa ultima una vuelta de tuerca a la directiva para estrechar el cerco sobre los funcionarios nacionales y atajar la proliferación de casos de lavado de capitales procedente de la corrupción. Hasta ahora el requisito de ejercer la debida diligencia se restringe a políticos extranjeros y ahí el celo es máximo, sobre todo, si proceden de países de alto riesgo como Rusia, Nigeria, Irak o China, o regiones como Latinoamérica u Oriente Medio. En España, el Gobierno aprovechó el año pasado la Ley de Transparencia para adecuar la norma de cara a la visita del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (Gafi) esta primavera, incluyendo a los PEP's nacionales.
"Las entidades han vivido una etapa donde los problemas eran otros: han estado más preocupadas por la propia supervivencia, pero, bien por la presión del regulador, por las sanciones y la presión internacional, regresa a la agenda a nivel global en Europa y España", justifica Enric Olcina, socio responsable de KPMG Forensic. Su día a día ha estado repleto de nuevos requerimientos de capital y provisiones -más de 250.000 millones comprometidos para cumplirlos desde 2008-, las oleadas de fusiones y el rescate de numerosas entidades.
Sin embargo, ahora vuelve a primera línea con fuerza: "En los últimos dos-tres años, el entorno de regulación de blanqueo de capitales ha vuelto a las agendas como venía siendo en el año 2002-3", revela.
Un 88 por ciento de la banca mundial lo considera un área de alto riesgo, y la industria invertirá unos 10.000 millones en dos años a escala mundial para armarse de herramientas para atajarlo. En España, un 70 por ciento de las entidades invierte menos de un millón; frente al 47 por ciento que sí lo hace en Europa o el 67 en Estados Unidos. Influyen las dudas sobre qué sistemas implantar cuando la norma continúa en discusión.Han transcurrido tres años desde la Ley de Prevención de blanqueo de 2010 y España sigue sin aprobar su reglamento, susceptible de sufrir enmiendas si el Gafi eleva sugerencias.
El tiempo va contrarreloj. Según recuerda el socio de KPMG Forensic, la Ley de 2010 daba cinco años para clasificar a los clientes con la categoría de bajo, medio o elevado riesgo, y el plazo expira en 2015. A la banca global española le preocupa además el control sobre transferencias internacionales, máxime bajo la presión de Estados Unidos. Su multa récord de 1.470 millones al británico HSBC por ignorar sus leyes y no evitar las transacciones con países sancionados por Washington, sensibiliza aún más a las cúpulas, temerosas de multas ilimitadas e, incluso, exponerse a la pérdida de licencia, recuerda Olcina.
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