Los grandes bancos pasarán a ser monitorizados por un grupo de inspectores procedentes en parte del Banco de España y otros nombrados por el Banco Central Europeo (BCE) cuando esta última institución asuma la supervisión en 2014.
Cuando se lanzó el proyecto de supervisión común dentro del puzzle de la futura unión bancaria surgieron reticencias nacionales tanto por la renuncia de países como Alemania a dejar en manos de otros escrutar sus pequeñas cajas, como por el miedo a un vacío de control al transferir por completo tan clave misión a equipos con absoluto desconocimiento de las entidades.
En España es tan estrecho que en entidades como el Santander, BBVA o La Caixa hay varias docenas de inspectores desplegados en oficinas que albergan sus instalaciones. Los equipos son inferiores en entidades menores y visitan de forma periódica a las más pequeñas. Y la supervisión 'in situ' es, precisamente, una de las estrategias que ha decidido adoptar el BCE para un mejor seguimiento de las entidades.
No cuajó, en cambio, la idea inicial de acoger la vigilancia de todas las entidades desde un inicio. Asumirá la supervisión directa en los grandes conglomerados y para el resto de entidades será nacional.
La conformación de un grupo mixto de profesionales, bajo la dirección de un coordinador del BCE, facilitará la espinosa y difícil transferencia y será la columna vertebral de la supervisión directa.
En Europa coexisten alrededor de 6.000 entidades de crédito. El organismo dirigido por Mario Draghi supervisará directamente a unos 130 bancos "significativos", que aglutinan aproximadamente el 85 por ciento de los activos totales. El resto seguirá vigilado e inspeccionado por la autoridad nacional, pero siguiendo un reglamento de próxima creación con directrices e instrucciones dirigidas a garantizar el mismo enfoque en la tarea.
A priori, los bancos "significativos" se identificarán en función de la importancia para el país, el conjunto de la Unión Europea, la relevancia de sus actividades transfronterizas o si han solicitado ayuda pública a los fondos de rescate europeos (Mede ó FEEF).
La tarea es tan desafiante que el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, cree que las autoridades nacionales deberán surtir de información, conocimiento y personal. "No debemos excluir la posibilidad de ejecutar ciertos procesos en paralelo durante un tiempo. Ambos, BCE y autoridades nacionales deberán procurar la confianza y el entendimiento mutuo", señaló en un reciente encuentro del Official Monetary and Financial Institutions (Omfif), un think-thank londinense que reúne a responsables públicos y privados para debatir sobre materias financieras.
El mayor desafío, apuntó Linde, será integrar en el BCE los diecisiete sistemas nacionales supervisores, algunos compuestos por hasta autoridades distintas. El organismo ya ha sacado una convocatoria para 1.000 plazas -750 se incorporarán para participar directamente en la supervisión-, que enrolará de manera progresiva hasta 2015.
La institución asumirá el control justo dentro de un año. Antes debe "mapear" las entidades a fin de determinar el régimen supervisor aplicable a cada una, elaborar un manual de supervisión, que compendie los procedimientos, de evaluación de riesgos y las cuestiones metodológicas sobre normas contables y prudenciales aplicables.
Una estructura independiente
El montaje de la estructura debe completarse a los seis meses tras aprobarse el reglamento de la supervisión única. Esta tarea dependerá del BCE, pero con un armazón que garantice su independencia a fin de evitar interferencias en la política monetaria. La estructura dispondrá de cuatro direcciones generales: dos para los bancos "significativos" y una tercera para entidades menores, con supervisión indirecta. La cuarta se encargará de funciones transversales, tales como el control de calidad de la supervisión o revisar la metodología.
Sin embargo, el control sería inviable o ineficaz sin fijar idénticas reglas a los bancos -para realizar provisiones, acumular capital, gestionar riesgos...-. Las autoridades están dando pasos a para homogeneizaras. Y, antes de que el BCE asuma la tarea, examinará, junto con la Autoridad Bancaria Europea (EBA) a las entidades.
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