El titular de Finanzas del Reino Unido, George Osborne, cree que son los banqueros del mayoritariamente nacionalizado Royal Bank Of Scotland, y no los contribuyentes, los que han de afrontar cualquier sanción económica impuesta al banco británico por su supuesta implicación en el escándalo del Libor.
El RBS es una de las entidades bancarias internacionales investigadas por su supuesta participación en la manipulación del Libor, el tipo de interés interbancario fijado en Londres.
Se espera que los reguladores financieros estadounidenses emitan un fallo en los próximos días sobre la supuesta implicación del Royal Bank Of Scotland en ese caso.
Fuentes del Tesoro británico indicaron hoy que el ministro de Economía del Reino Unido, George Osborne, ha dejado claro que las posibles sanciones económicas que puedan imponerse al RBS deberían deducirse de las primas bancarias recibidas por banqueros de esa entidad, y no por los contribuyentes, al tratare de un banco con participación mayoritariamente estatal.
Se prevé que esa posible multa será mayor que la impuesta al Barclays el pasado año, que fue sancionado en junio de 2012 con 290 millones de libras (471 millones de dólares o 356 millones de euros) por falsear el Libor y su versión europea Euribor para su propio beneficio entre 2005 y 2009, lo que provocó la dimisión de miembros de su directiva, entre ellos el consejero delegado Bob Diamond.
El RBS se encuentra actualmente en la fase final de negociaciones con las autoridades de EEUU y del Reino Unido acerca del Libor.
El banco suizo UBS pagó una sanción de más de 1.500 millones de dólares en 2012 a los reguladores financieros de Estados Unidos, Reino Unido y Suiza por manipular ese tipo de interés interbancario.
El Libor se fija diariamente en Londres en varias divisas con las aportaciones de una veintena de entidades financieras que calculan qué tipo de interés pueden tomar prestado dinero en el mercado interbancario.
La manipulación de este tipo, que sirve de referencia para los intereses de tarjetas de crédito o de hipotecas, entre otras cuestiones, llevó al Gobierno británico a ordenar una reforma del proceso por el que se fija y a introducir penalizaciones para los infractores.
RBS negocia una multa de 585 millones
