El Defensor del Pueblo pide un arbitraje para los afectados por las preferentes

Madrid, 22 ago (EFE).- El Defensor del Pueblo cree que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no controló la venta de participaciones preferentes y ha pedido al Ministerio de Economía que cree un mecanismo de reclamación extrajudicial "efectivo" para solucionar los conflictos entre la banca y los afectados por estos productos.

El organismo encabezado por Soledad Becerril, que abrió una investigación de oficio en febrero tras recibir más de 400 quejas por estos productos, considera que la CNMV llevó a cabo un "control preventivo ineficaz" para evitar la colocación indebida de las participaciones preferentes entre pequeños ahorradores.

El Defensor del Pueblo denuncia la falta de colaboración de la CNMV en su investigación, ya que se no ha querido "informar sobre sus actuaciones ni sobre los expedientes sancionadores, ni tampoco facilitar el nombre de las entidades de crédito implicadas, aduciendo la confidencialidad de las informaciones y datos recibidos en el ejercicio de sus funciones de supervisión".

La CNMV, dirigida por Julio Segura desde mayo de 2007, señaló en su contestación inicial al Defensor del Pueblo que la comercialización de participaciones preferentes "se había ajustado a la normativa aplicable" en general, aunque aseguraba haber detectado irregularidades que habían originado seis expedientes sancionadores.

Además de reclamar que la CNMV tenga en el futuro "mayores competencias para proteger a los inversores", el Defensor del Pueblo también exige al Ministerio de Economía que ponga en marcha un arbitraje "efectivo y en sede administrativa" para evitar que los afectados por preferentes tengan que acudir a los juzgados para intentar recuperar sus ahorros, en procesos "lentos y costosos".

Además anima a que se recuerde a la banca "la conveniencia y buena práctica de llegar a acuerdos con los inversores de estos productos".

Las asociaciones de consumidores calculan que más de un millón de clientes vieron atrapados sus ahorros en las preferentes, tras ser engañados por las entidades financieras, que no informaron de que se trataba de un producto con escasa liquidez, con carácter perpetuo y rentabilidad no garantizada.

Hasta el momento, tan sólo la Xunta de Galicia ha promovido procesos de arbitraje entre las entidades financieras y los clientes que contrataron participaciones preferentes para desatascar los conflictos generados.

En el escrito publicado hoy, el Defensor del Pueblo también recomienda a Economía y a la CNMV que "se promuevan actuaciones eficaces para que los clientes financieros tengan, antes de formalizar el contrato, conocimiento pleno del producto que van a suscribir, del riesgo de la inversión, y de si está o no cubierto por alguno de los fondos de garantía".

Asimismo, la institución que dirige Soledad Becerril considera que, en aras de las buenas prácticas, el contrato de inversión debería incluir, además, un estudio del perfil del inversor y de la adecuación del instrumento financiero a sus circunstancias.

En una entrevista con Efe, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que el Gobierno impondrá este viernes duras restricciones a la venta de preferentes a particulares, a los que a partir de ahora se les exigirá su consentimiento de puño y letra y, en algunos casos, una inversión mínima de 100.000 euros.