Madrid, 11 jun (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ha valorado la reforma financiera que aprobó el Gobierno en mayo, que endurecía las provisiones del créditos inmobiliarios "sanos" y obligaba a la banca a aparcar el 'ladrillo' en sociedades especializadas.
El BCE ha emitido hoy el dictamen sobre el Real Decreto 18/2012 de que aprobó el Gobierno el 11 de mayo en un intento de calmar la ansiedad de los mercados por la exposición de la banca al sector inmobiliario.
Con ese real decreto, el Gobierno exigía a la banca unos 28.000 millones de euros en provisiones, que se sumaron a los 52.000 millones que ya había reclamado en la primera reforma financiera, en febrero.
Así, por ejemplo, el real decreto elevaba las provisiones de genéricas, vinculadas a créditos "sanos", entre el 7 y el 45 %, dependiendo del tipo de financiación, es decir si era con garantías reales sobre suelo, promociones en curso y promociones terminadas, y financiaciones sin garantía real.
Precisamente hoy acaba el plazo para que las entidades españolas presenten al Banco de España sus planes para cumplir con estos requerimientos.
En el dictamen del BCE que ha sido publicado hoy, la autoridad monetaria "celebra esta medida como parte de los esfuerzos del Gobierno de España por restablecer la confianza de los inversores y de los mercados en el sistema financiero español".
En concreto, el banco central valora la medida porque "fuerza a los bancos a constituir excesos de capital eficaces para esa parte de las carteras en vista del empeoramiento de las previsiones para ese tipo de activos".
No obstante, el Banco advierte de que "esas provisiones podrían ajustarse de nuevo" como consecuencia de los resultados obtenidos por las empresas auditoras que ha contratado el Gobierno para analizar la cartera crediticia de la banca.
La reforma financiera aprobada en mayo obligaba a las entidades a aparcar el "ladrillo" en sociedades especializadas, que en el caso de que pertenezcan a un banco nacionalizado estarán obligadas a deshacerse del 5 % de su cartera inmobiliaria cada año.
Para el BCE es una propuesta que va en la dirección correcta, aunque "no está claro que el marco previsto sea suficiente para conseguir una separación efectiva" del riesgo inmobiliario en las entidades.
También considera que el decreto ley "no facilita muchos detalles" sobre cómo se van a financiar estas sociedades inmobiliarias, y no menciona si contará con avales del Estado.
En cuanto a la obligación de vender el 5 % de los activos cada año, el BCE dice que "no queda claro el fundamento económico" que hay detrás de este porcentaje, y recomienda "avanzar hacia una completa desconsolidación y separación de los riesgos entre entidades".
El BCE ha puesto en evidencia otra carencia del real decreto, el hecho de que el aumento de las provisiones solo afecte a la cartera crediticia, y no al resto de los créditos, como la financiación a pymes, créditos al consumo e hipotecas particulares.
Sin embargo, el Ministerio de Economía ya anunció el viernes que, a la luz del resultado de las auditorías y consultorías encargadas a firmas independientes, el Banco de España exigirá a la banca que subsane las carencias detectadas en este tipo de créditos.
