La reforma financiera no ataja la práctica de algunas entidades de renegociar créditos para evitar que caigan en mora. Con ello maquillan toda su cascada de resultados: evitan realizar más provisiones, elevan sus ingresos, préstamos, depósitos y beneficios.
La reforma financiera obligará a las entidades españolas a destinar a provisiones y capital unos 52.000 millones de euros, lo que acelera el saneamiento de los activos inmobiliarios considerado imprescindible para devolver la confianza hacia el sector.
Sin embargo, y reconociendo las bondades que supone obligar a la banca a tener mayores dotaciones para prevenir las pérdidas que le supone su exposición al ladrillo, los expertos advierten que aún hay margen, tras la reforma, para que algunas entidades maquillen su situación actual.
Hecha la ley, hecha la trampa
El Decreto Ley que reguló los cambios impulsados desde Economía hace una breve referencia a las refinanciaciones, pero sólo para indicar que las realizadas sobre créditos en situación distinta de la normal tendrán que acogerse a las reglas generales que exige la norma.
Nada dice de aquellas que estén clasificadas como normales, ni mucho menos exige determinadas condiciones para mantener esta clasificación.
Es éste uno de los puntos que preocupa a algunos expertos financieros, ya que el abuso de las refinanciaciones relacionados con le crédito inmobiliario y promotor es una de las vías que, lejos de sanear un balance, contribuye a dar una capa de barniz sobre sus cuentas para enmascarar problemas de morosidad y de rentabilidad.
Así, si una entidad decide refinanciar un crédito inmobiliario en determinadas condiciones conseguirá, no sólo evitar que su ratio de morosidad se deteriore más, sino una mejora de sus márgenes, de su ratio de eficiencia y de liquidez, de su solvencia y de sus resultados, sin necesitar destinar un euro extra a saneamientos.
¿Cómo actúan?
La operativa sería la siguiente: la entidad financiera tiene un cliente al que se le ha concedido un crédito de 10 millones de euros. Cuando se acerca la fecha del pago de una cuota, se detectan dificultades para afrontar la deuda. En vez de clasificar el crédito como moroso, y realizar las oportunas provisiones, la entidad lo refinancia.
Esta vez, amplía el importe del préstamo y, además, concede un periodo de carencia (durante el cual sólo tendrá que hacer frente al pago de los intereses). Ahora, en vez de 10 millones de euros, concede al cliente 12 millones. Los dos millones extra coinciden con los intereses que tendrá que pagar durante el periodo de carencia y con ellos la entidad constituye un depósito a plazo fijo, que queda pignorado como garantía del nuevo préstamo.
Aparentemente, la cartera crediticia de esta entidad financiera ha aumentado en dos millones y, además, también lo han hecho en esa cuantía sus depósitos cuando en realidad ni el pasivo ni el activo de la entidad tendría que haber registrado variación alguna.
El único efecto adverso, y que sólo se produce transitoriamente, es una disminución de sus ratios de capital, ya que al haber aumentado el volumen de créditos, le consume recursos propios al cumplir con los requerimientos de provisiones.
Un año después, cuando la empresa tenga que hacer frente al pago de intereses de su préstamo ampliado se comprueba que no ha salido de su situación apurada y es incapaz de pagar lo establecido.
Pues este supuesto no representa ningún problema para la entidad. Al tener en garantía el depósito a plazo fijo, extrae de ahí el importe de la cuota y se lo anota en su cuenta. Empieza el maquillaje.
Al tener más ingresos, aumenta el margen de intereses. Esta subida, en la parte alta de la cuenta de resultados, se traslada al margen bruto y al margen de explotación.
Mejora del ratio de eficiencia
El ratio de eficiencia, el que establece la relación entre los ingresos y los costes incurridos para obtenerlos, también mejora. Lo hace porque ahora, según las cuentas, si mantiene los gastos constantes, y al tener la entidad financiera más ingresos, la relación será más favorable que en el periodo anterior.
Este ratio es el que puede indicar si una entidad ha realizado un esfuerzo de racionalización de costes. Recorte de sucursales y plantilla que lleva asociado todo proceso de integración y que, además, es obligatorio para todos aquellos realizados con ayudas públicas.
La refinanciación no logra, por supuesto, meter tijera a los gastos, pero al mejorar artificialmente la eficiencia se hace menos evidente la necesidad de ahorro de costes. El beneficio de la entidad, impulsado por la mejora de márgenes, también sube.
En cuanto a los ratios de solvencia, se recuperan del leve deterioro inicial, ya que los beneficios no repartidos pasarán a engrosar los recursos propios de máxima calidad. Una ganancia orgánica de capital, pero ficticia, debido al aumento de la actividad de la entidad.
La foto final, conseguida a fuerza de refinanciaciones, es la de una entidad que cumple con los requisitos de provisiones, que mantiene la morosidad controlada, que es rentable, eficiente, que tiene beneficios... en una palabra, que es una entidad viable.
Ayudas públicas
Tal calificación la hace digna de poder recibir unas ayudas públicas que contribuyan a sacarle del bache de la crisis, o a los posibles pretendientes considerar que es factible una fusión sin poner en riesgo su propia supervivencia. El problema es que si la ilusión crediticia se revierte en las cuentas, y en función del volumen refinanciado, las exigencias de mayores provisiones, la corrección de su nivel de pasivos y activos, de ingresos, puede devolver el grupo a la realidad: la entidad no genera suficientes recursos con su actividad como para considerarla viable.
"No se debe poner dinero bueno sobre dinero malo", sentenció el presidente de BBVA, Francisco González, hace unas semanas en referencia a la concesión de ayudas para entidades en problemas. Como él, los expertos advierten de que apostar por una entidad inviable es tirar el dinero a un pozo sin fondo: la situación no mejora y el dinero se acaba perdiendo.
Nadie sabe a ciencia cierta cómo de extendida está esta práctica de conceder nuevos créditos para traspasar el problema en el tiempo. Depende, sobre todo, de la calidad de gestión de la entidad financiera. Así, las más profesionales estarán limpias de estas dudosas refinanciaciones y otras, como en otros terrenos, se habrán dejado tentar por esta práctica para posponer sus problemas a la espera de una mejora de la situación económica. Lo que sí se sabe es que el volumen de refinanciaciones al crédito promotor es muy alto, y que en algunos casos supera el 80 por ciento. También que algunos préstamos ya han sido refinanciados dos o tres veces.
La información que dan las entidades no es, ni mucho menos, tan detallada como la que tienen que exhibir sobre los créditos deteriorados o adjudicados relacionados con el sector inmobiliario.
Un ejemplo de refinanciaciones utilizadas para contener una imparable morosidad es lo que hizo la CAM en sus dos últimos ejercicios, en los que presentó beneficios, algo a lo que contribuyó su generosidad para negociar las condiciones de los créditos.
Juan María Nin, consejero delegado de CaixaBank, durante la última presentación de resultados, al hablar de la progresiva reducción de la exposición de la entidad al sector promotor afirmaba que en la banca "se hace mucha refinanciación. Otra cosa es si se hace bien o no".
Los problemas de la refinanciación
Las prácticas dudosas no sólo acaban perjudicando a la entidad que presenta sus resultados 'más dulcificados' a fuerza sólo de imaginación contable. Extiende la duda sobre todo el sector de si las cuentas publicadas reflejan la situación real de la entidad. Esta duda infravalora a la banca española, y el descuento se nota tanto en la cotización como en el diferencial que deben ofrecer a los mercados, o en el porcentaje de descuento que aplica el BCE para aceptar colaterales.
Además, postergar la desaparición de una entidad no viable resta negocio a las demás, en opinión de los expertos, que podrían estar explotando de una forma más eficiente las líneas de negocio rentable en poder de las no eficientes.
Uno de los puntos del Real Decreto que recoge las nuevas exigencias de la reforma financiera, obliga a las entidades a establecer una provisión genérica del 7 por ciento sobre activos clasificados como sanos pero ligados a la promoción inmobiliaria.
Este colchón para prevenir eventuales y futuros deterioros es insuficiente, en opinión de los expertos, para contrarrestar las refinanciaciones nada ortodoxas que practican algunas entidades. En primer lugar, porque la provisión, en efecto, está para cubrir futuros deterioros, fruto de la incierta situación económica, y que no es descabellado pensar que se producirán.
En segundo lugar, si esa hucha en realidad estuviera pensada para corregir estos créditos, el 7 por ciento no sólo se quedaría corto, según los analistas, ya que el porcentaje que se debe destinar a coberturas si el crédito no está clasificado como normal es mucho mayor. También se estaría penalizando a todo el sector por igual, sin hacer diferenciación entre aquellas entidades que aplican correctamente los criterios de riesgo de las que juegan con artificios.
Otro mal añadido: si todo el sector debe aparcar medios para coberturas y capital, menos queda para dar créditos nuevos a familias y empresas.
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