Las provisiones para sanear los activos inmobiliarios, que el Gobierno y el Banco de España quieren endurecer en las próximas semanas, le han costado a la banca más de 1.200 millones de euros entre enero y septiembre. Las entidades, como consecuencia del deterioro de los inmuebles y el efecto de la regulación establecida, han reducido en esta cantidad sus beneficios con el fin de ampliar las coberturas sobre los pisos y el suelo ante la depreciación de su valor.
La cifra superará con creces este importe, ya que previsiblemente el conjunto del sector anticipará lo máximo posible el endurecimiento de la normativa, tal y como ya ha hecho Banesto en el último trimestre del ejercicio pasado, a instancias del supervisor.
La filial ha realizado un dotación especial de 400 millones de euros, que le ha supuesto una disminución de sus resultados en 280 millones adicionales. Tras este esfuerzo Banesto vio reducido su beneficio anual en un 73%.
Saneamiento según cada entidad
Pero, no todas las entidades han llevado a cabo el mismo saneamiento ni han tenido la necesidad de hacerlo. Así, dos cajas liberaron en los primeros nueve meses provisiones para tal efecto debido a las ventas de estos activos y pudieron anotarse leves ganancias para engordar la cuenta de resultados. Se trata de BMN, liderado por Caja Murcia, con medio millón de euros, y Vital, con más de 4 millones.
Los grupos en los que más impacto tuvo el saneamiento en los beneficios son los grandes, debido principalmente al volumen de su tamaño, pero también se encuentran entidades cuya debilidad es patente, como Unnim -que ha sido nacionalizada en su totalidad- y NCG -en la que el Frob controla el 91%-.
Las entidades, según la regulación actual, tienen que destinar en 2011 fondos a la hucha de las provisiones para que estas cubran entre el 20 y el 30% de la cartera de inmuebles. La cifra depende en función de la fecha en la que cada activo fue adjudicado.
Según las intenciones del supervisor, a petición del Ejecutivo, esta cobertura se tendrá que elevar al 50% en los próximos años. El Banco de España prepara una circular para detallar los porcentajes. Las entidades reclaman que haya un plazo razonable, de entre dos o tres años, para hacer este saneamiento para evitar entrar en pérdidas. Pero la intención del Gobierno es acelerar un proceso de fusiones, aunque una de las primeras medidas ha sido dar más tiempo al sistema para provisionar los solares con el retraso de la nueva Ley del Suelo.
Una regulación a medida
Desde algunas entidades se pide que la regulación contemple las particularidades de cada activo y que no todos tengan un impacto similar sobre su cuenta de resultados y balance. Una de ellas ha sido Banesto, que públicamente, abogó por una normativa general, pero específica atendiendo las peculiaridades propias.
El conjunto del sector cuenta con unos activos deteriorados por importe de 176.000 millones, de los que unos 70.000 millones son pisos y suelo. Los terrenos sin edificar son el verdadero quebradero de cabeza, porque en una situación de parálisis económica es muy difícil que tengan salida a corto plazo.
La limpieza de los balances de la banca, según los expertos, supondrá la petición de ayudas al exterior. Previsiblemente España tendrá que solicitar recursos al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF).
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