Londres, 12 sep (EFE).- Los bancos británicos afrontan una profunda reforma que conllevará la separación de sus operaciones de inversión y comercial, a fin de garantizar su estabilidad financiera y evitar que, en caso de crisis, tengan que ser rescatados por el Estado.
El contenido y alcance de la reforma, la mayor en la historia reciente, se detalla en el informe presentado hoy por la Comisión independiente para la banca (IBC, sus siglas en inglés), instituida por el Gobierno en 2010 con el mandato de asegurar la viabilidad del sector a largo plazo y mejorar la competencia.
La principal recomendación es que, antes de 2019, las entidades deberán establecer un "anillo de protección" en torno a su negocio comercial (cuentas corrientes y de ahorro, hipotecas, préstamos a particulares y empresas, entre otros), que tendrá estatus legal propio y se gestionará de forma independiente a otras actividades más arriesgadas del banco, como las inversiones.
La Comisión también pide que la banca comercial tenga unas reservas de capital de calidad para afrontar posibles pérdidas de al menos el 10 por ciento, mientras que los grandes grupos bancarios deberían asegurar un fondo de absorción de entre el 17 y el 20 por ciento.
La intención de estas medidas -asegurar la capitalización de los bancos y la independencia de sus negocios más y menos arriesgados- es minimizar la necesidad de futuras intervenciones estatales, al posibilitar que una parte del negocio -el de banca de inversión- pueda quebrar sin afectar a los depósitos de los clientes.
El ministro de Economía, George Osborne, indicó hoy que se "ceñirá" al calendario fijado por la IBC y tramitará la legislación pertinente en esta legislatura para que la reforma pueda aplicarse antes de 2019, en línea con los acuerdos de Basilea III.
Osborne calificó el documento de "un paso importante hacia un nuevo sistema bancario que apoya los préstamos a las empresas y a las familias, la economía y el empleo, pero no cuesta millones de libras al contribuyente cuando las cosas van mal".
Se calcula que la reforma costará a los bancos entre 4.000 y 7.000 millones de libras (4.600 a 8.100 millones de euros), cantidad que, según observó el presidente de la IBC, John Vickers, es nimia en relación con sus beneficios y, por ello, el coste no debería trasladarse a los clientes.
La Confederación de la industria británica (CBI) criticó la reforma al valorar que se traducirá en un aumento del coste de los préstamos a empresas, mientras la Asociación de banqueros instó al Gobierno a considerar el coste para los bancos y el efecto que la reorganización tendrá "para la recuperación de la economía".
Mientras los principales bancos meditan su respuesta, cajas de ahorros como Nationwide dieron ya la bienvenida a la reestructuración dado que se ajusta a su modelo operativo.
Por otra parte, un portavoz del sindicato Unite, David Fleming, se quejó de que la fecha límite de aplicación de 2019 queda muy lejos y permitirá a los bancos "maniobrar" para eludir las restricciones.
Además de blindar a la banca comercial -cuya actividades "permitidas" y "prohibidas" se fijarán por ley-, el informe hace varias recomendaciones para mejorar la competencia, entre ellas la de acelerar el proceso de transferencia de cuentas bancarias entre entidades en beneficio de particulares y empresas.
En contra de lo esperado, la Comisión no recomendó que el parcialmente nacionalizado Lloyds Banking Group, que absorbió al HBOS durante la crisis, venda más que las 632 sucursales que le ha impuesto la Unión Europea, pero sí dijo que esas oficinas deberían quedar en manos de un solo banco que se erigiría como su principal competidor en tamaño.
La IBC tenía la misión de buscar un sistema para impedir que se repitiera lo que sucedió en 2008, cuando el banco Northern Rock tuvo que ser nacionalizado y Royal Bank of Scotland y Lloyds rescatados parcialmente para evitar su quiebra por su exposición a la crisis crediticia.
Judith Mora
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