París, 26 feb (EFE).- El Estado francés, que podría controlar hasta el 20% del capital de la entidad que resulte de la fusión de Banque Populaire y Caisse d'Epargne, no tiene voluntad de ser accionista a largo plazo, según la ministra de Economía, Christine Lagarde.
En un comunicado emitido tras la aprobación de la fusión por los consejos de vigilancia de ambos bancos, Lagarde explicó que la "participación financiera del Estado se enmarca en el plan" de ayuda al sector financiero y que, a cambio, las entidades han asumido "compromisos de apoyo al crédito a los particulares y a las empresas".
Por tanto, la inyección prevista de 5.000 millones de euros "no tiene vocación de convertirse en una inversión de largo plazo", subrayó.
La titular de Economía y Finanzas precisó que esos fondos propios los aportará el Estado en forma de una combinación de acciones de preferencia convertibles en ordinarias y de títulos subordinados, en proporciones que se determinarán "en función de las necesidades" del banco.
Las acciones de preferencia se podrán convertir en acciones ordinarias en un periodo de tres a cinco años, y eso podría conducir a disponer de una participación pública del 20% del capital.
Lagarde avanzó que el Estado estará representado en la nueva entidad, ya que el Gobierno nombrará a cuatro de los 18 miembros de su consejo de vigilancia.
La fusión, que debe estar finalizada en el primer semestre del año, hará que el nuevo banco cuente con unos 20.000 millones de euros de capitalización bursátil, lo que le convertiría en el "número tres" de Francia.
