Bruselas, 25 feb (EFE).- La Comisión Europea (CE) quiere que las entidades financieras informen de manera clara y completa sobre el peso en sus balances de los llamados "activos dañados" -que les van a generar pérdidas, debido a su fuerte devaluación- antes de permitir a los gobiernos comprarles esos activos o garantizarlos.
El Ejecutivo de la UE planteó hoy varios métodos para liberar a la banca del lastre de los "activos dañados", con la esperanza de que eso ayude a recuperar la normalidad en el mercado de crédito, entre los que figura la creación de los llamados "bancos malos" e, incluso, la nacionalización como último recurso.
Bruselas deja claro que el primer paso debe ser la determinación exacta del alcance de los problemas de cada entidad y, si se concluye que las pérdidas potenciales pueden conducir a la quiebra, la firma tendrá que ser intervenida o liquidada de manera ordenada.
En caso de que la intervención o liquidación sea desaconsejable desde el punto de vista de la estabilidad financiera, los gobiernos podrán asistir a los bancos mediante la compra o garantía de los activos problemáticos.
Respecto a qué activos pueden incluirse en estos programas, la Comisión apunta que los países pueden limitarse a los denominados "tóxicos" (los bonos asociados a las hipotecas "subprime" y otros productos estructurados que están en el origen de la crisis financiera), lo que reduciría la exposición del dinero público y el riesgo de generar problemas de competencia.
Pero advierte de que ese enfoque podría quedarse "corto" para restaurar la confianza en el sector financiero y aboga por un planteamiento más flexible, que incluya otro tipo de activos si se considera necesario.
De manera general, la Comisión propone que los esquemas nacionales para la compra o garantía de "activos dañados" duren un máximo de seis meses, para evitar que las entidades pospongan la difusión de sus problemas y contribuir a la resolución de los mismos lo antes posible.
También considera que aquellos gobiernos que pongan en marcha estos mecanismos deberán obligar a los bancos a informar sobre su situación a los supervisores, para asegurarse de que todas las entidades que lo necesiten reciban auxilio.
En todos los casos, la asistencia pública implicará obligaciones para las entidades, que no podrán usar la ayuda para expandirse y tendrán que retomar la concesión de créditos.
Podrán incluirse, asimismo, limitaciones a la distribución de dividendos y en la remuneración de los directivos, aunque Bruselas deja eso a decisión de las autoridades nacionales.
En cuanto a la evaluación de los activos, el Ejecutivo de la UE se inclina por contabilizarlos en función de su valor actual de mercado, que en algunos casos puede ser nulo, aunque admite que, para que el sistema sea efectivo, el Estado tendrá que evaluarlos por encima, teniendo en cuenta un espectro temporal más alto.
Bruselas precisa que se encargará de garantizar que esa evaluación sea adecuada, para asegurar que la ayuda pública se limita a lo estrictamente necesario.
Sea cual sea el modelo elegido por cada país para liberar a los bancos de los "activos dañados", tendrá que garantizarse que las entidades beneficiarias cargan con parte de las pérdidas.
