Madrid, 19 feb (EFE).- El Gobierno regional madrileño impugnará la Ordenanza sobre Publicidad Exterior del Ayuntamiento de la capital por considerar que vulnera la libertad de empresa y la prestación de servicios regulada por la Unión Europea y que interfiere afecta a sus competencias.
A mediados de octubre pasado el Consistorio madrileño aprobó una ordenanza para establecer cómo debe ser la publicidad en fachadas o en la calle, en la que había aspectos polémicos, como la figura de los "hombres-anuncio" y el reparto de octavillas publicitarias.
Algunas semanas más tarde la Comunidad presentó alegaciones al proyecto y el Ayuntamiento modificó posteriormente algunos puntos, pero el Ejecutivo de Esperanza Aguirre no está satisfecho con el resultado y hoy ha vuelto a plantear la necesidad de cambios.
En concreto, el Gobierno regional apunta que la norma del Ayuntamiento es discriminatoria, ya que limita la actuación publicitaria de los empresarios del municipio en función de la zona en la que estén sus establecimientos.
"Las limitaciones a la publicidad exterior se intensifican en la zona centro y el casco histórico, y en definitiva con los lugares de mayor afluencia turística de Madrid, cuyos comercios y establecimientos experimentarían un innegable perjuicio económico y un agravio comparativo respecto al resto de los establecimientos del municipio de Madrid", dice la nota del Gabinete regional.
La Comunidad se queja de que el Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón no atiende la observación de la Consejería de Medio Ambiente en relación con los usos y parámetros urbanísticos que debe observarse en las instalaciones en suelo no urbanizable cuya determinación debe realizarse a nivel del Plan General y no a través de ordenanzas municipales.
Asimismo, critica que no se incorporen determinadas precisiones realizadas por la Consejería de Cultura en relación con la instalación de elementos publicitarios en bienes de interés cultural, cuya autorización requeriría el previo informe favorable de la reunión conjunta Comunidad de Madrid-Ayuntamiento en el seno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Madrid.
La Comunidad impugnará esta Ordenanza al amparo de una ley regional de 2003 que establece que las Comunidades Autónomas podrán hacerlo con los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico.
