El pasado 12 de octubre entró en vigor la importante Ley 34/2015 de modificación parcial de la Ley 58/2003 General Tributaria. De entre todas las modificaciones introducidas, y de las que mucho se ha hablado, ha habido una que se ha colado de puntillas, casi desapercibida, pero que tiene mucha importancia para todos los contribuyentes, y en especial para los que tienen la sana costumbre de recurrir las liquidaciones y sanciones que les impone la Administración Tributaria. Tras la modificación operada, bien puede decirse que los Tear que conocimos, ya no volverán a ser como antes.

Según la normativa de IRPF, los contribuyentes que venden su vivienda habitual, pueden beneficiarse de la exención de la ganancia patrimonial obtenida, siempre que reinviertan la misma en la compra de una nueva vivienda habitual. El plazo para realizar dicha reinversión comprende el período existente entre los dos años anteriores a la venta de la primera vivienda hasta dos años después de dicha venta. Hacienda viene persiguiendo a los contribuyentes que se han aplicado esta exención, basándose en curiosas -y añadiremos forzadas-, interpretaciones de la norma tributaria. Afortunadamente, los Tribunales han puesto coto a este tipo de comprobaciones.

La normativa del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) prevé la compensación de los gastos que comporta el sostenimiento y manutención de los hijos. Y ello, tanto en el caso de que los progenitores convivan juntos y hagan frente de forma conjunta a dichos gastos, como si no lo hacen. Pero, ¿a qué deducciones tienen derecho los padres en cada caso? ¿Cómo integrar, además, la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2012, que consideró inconstitucional el requisito de convivencia a la hora de permitir a los contribuyentes aplicar en su declaración el mínimo por descendientes?

Toda inspección que se precie y en la que el contribuyente adopte una actitud mínimamente combativa, suele concluir con un sinfín de dilaciones que la Inspección imputa al sujeto inspeccionado, y en las que básicamente, le culpa del retraso con el que se ha tramitado el procedimiento.

Tanto la Ley General Tributaria como la normativa reguladora de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y de Sucesiones y Donaciones prevén la posibilidad de solicitar la tasación pericial contradictoria, como medio de suspensión del ingreso de las liquidaciones que se dicten en el marco de una comprobación de valores. Pero, ¿puede solicitarse la referida tasación pericial en cualquier comprobación de valores?