Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada ha emitido una sentencia en que obliga a la Consejería de Educación y Deporte a facilitarle un intérprete de lengua de signos y a que lleve a cabo todas aquellas medidas adaptativas necesarias para el desarrollo de la labor de una trabajadora docente con sordera profunda, "en condiciones de igualdad con sus compañeros".