El Gobierno de Aragón prevé recaudar entre 85 y 100 millones de euros más en 2016 con el proyecto de ley de medidas tributarias para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos. Esta cantidad equivale "más o menos" al coste de la renta social básica, que el Ejecutivo creará.
Una "amplísima mayoría" de los aragoneses no se verán afectados por esta reforma tributaria, ha afirmado el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La nueva ley tendrá efecto desde el 31 de diciembre.
Gimeno ha señalado que con este proyecto de ley se rompe la tendencia establecida por el Ejecutivo anterior (PP-PAR), que situó a la Comunidad en el segundo lugar del ranking de comunidades con menos impuestos, después de Madrid.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha expresado que el objetivo de esta iniciativa legislativa es "clarísimo": el mantenimiento de las políticas sociales, en alusión expresa a la sanidad, la Educación, la renta básica, la atención a la dependencia, la investigación, la universidad y la vivienda.
Ha traído a colación un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma que señala que el saldo contable es de 700 millones de euros, el gasto pendiente de aplicar al Presupuesto es de 501 millones y el déficit en contabilidad nacional se sitúa en el 2,01 por ciento, ante lo que el Gobierno de Javier Lambán ha tomado medidas para disminuir el coste de los intereses y las amortizaciones de deuda.
Ha recalcado que "si queremos garantizar los servicios públicos hace falta hacer un esfuerzo mínimo que significa tener más ingresos" con la parte de la cesta de impuestos sobre la que tiene competencia la Comunidad Autónoma, a lo que se añaden los aproximadamente 180 millones que la Administración regional recibirá el año próximo desde el Estado.
