El director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios del Gobierno de Aragón, Ignacio Zarazaga, ha asegurado que en 2016 habrá una Oferta Pública de Empleo, que saldrá en el primer trimestre con "todos los puestos que puedan estar ocupados por interinos" y que quiere gestionar "con la agilidad suficiente".
Así lo ha manifestado en una comparecencia ante la Comisión de Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón solicitada por el PP para que informara sobre sus actuaciones en los próximos meses, en la que ha recordado que los trabajadores públicos suman los 50.000 en Aragón, "la décima parte del mercado laboral de la región".
Zarazaga ha asegurado que "vamos a seguir luchando" contra la temporalidad y provisionalidad de los funcionarios y se ha comprometido a seguir con el proceso iniciado de provisión de puestos y a que las ofertas de empleo público (OPE) "se aprueben en el primer trimestre de cada año", para recordar que tras ejecutar las sentencias judiciales sobre las OPE de 2007 y 2011, "estaremos en disposición de consolidar 3.000 empleos".
Por otra parte, ha asegurado que "en el plazo más breve posible" quiere convocar la Mesa General de Negociación, donde se analizarán cuestiones como la paga extra y los días adicionales, pero "con la misma fuerza que la calidad del servicio" con el objetivo de que "cada euro en capítulo de personal se transfiera a la calidad del servicio prestado".
Según ha dicho, "vamos a plantear la corresponsabilidad de los representantes de los trabajadores". Ha indicado que el ciudadano debe participar tanto en la evaluación del desempeño del trabajo del funcionario como en el diseño de los servicios públicos y en su mejora.
Confianza e igualdad
El director general ha sostenido que objetivo es "recuperar la confianza en la Administración" y "luchar contra la desigualdad" para lo que ha enumerado medidas como "impulsar un plan de calidad integral" y "coherente" que permita "eficacia y eficiencia", la simplificación y racionalización de procedimientos, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en un "marco de sostenibilidad financiera".
Además, ha defendido disponer de "un compromiso ético en nuestras actuaciones como trabajadores públicos" mediante la aprobación de un código ético y de conducta para el conjunto de los empleados y poner en marcha una comisión ética "para verificar el contenido" del mismo.
Sobre la ley de Función Pública, ha recordado que en la anterior legislatura se negoció un texto en el que había "consenso", para indicar que "vamos a recoger el mucho trabajo hecho" y desear que, de nuevo, el acuerdo "se vuelva a repetir" entre los sindicatos y los partidos políticos y así se pueda avanzar, ya que la ley vigente es de 1986 y con ella "no se pueden afrontar los retos actuales", ni "garantizar la seguridad jurídica".
2.200 plazas
El diputado del PP, Antonio Suárez, se ha interesado por la oferta de empleo público de 2016, que ha dicho que podría llegar a las 2.200 plazas, frente a las 704 de 2015, y también ha querido conocer las decisiones del Gobierno sobre la devolución del 75 por ciento de la paga extra de 2012 pendiente, los puestos de libre designación y el proyecto de ley de la Función Pública, para recordar que ya existe una Comisión de evaluación de las políticas públicas y calidad de los servicios.
El diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha coincidido en la necesidad de retomar el proyecto de ley de la Función Pública y ha abogado por poner en marcha "indicadores precisos" y que "exista evaluación", mientras que la diputada de Podemos, Marta de Santos, ha defendido que el proceso de construcción de la función pública "se haga con la participación de ciudadanos y agentes sociales" para "ponernos en el siglo XXI recuperando muchos derechos perdidos".
La parlamentaria del PAR, Elena Allué, ha reclamado información sobre cuestiones como "el número de empresas públicas que van a desaparecer o cuántos cargos menos tiene este Gobierno", mientras que el de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, ha pedido para los cargos públicos "el acceso con criterios estrictos de profesionalidad" y "primacía del sistema de oposición".
El diputado del CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido por parte del Grupo Mixto, ha reclamado que la nueva ley esté "cuanto antes", así como realizar un plan de calidad y "mejorar el servicio público a la ciudadanía".
