Aragón

La Cámara de Cuentas detecta un agujero de 344 millones en el Ayuntamiento de Zaragoza

El informe definitivo de fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza, correspondiente al año 2011, refleja un resultado negativo de remante de tesorería de 344 millones de euros si se hubieran contabilizado operaciones que el consistorio no contabilizó. Además, la Cámara de Cuentas de Aragón señala que la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza no refleja de forma fiel el patrimonio y la situación financiera ni la liquidación de los presupuestos de ese ejercicio. También apunta a la elevada concesión de subvenciones directas y el retraso en el pago a proveedores.

Informe ya definitivo de la Cámara de Cuentas de Aragón en el que se pone de manifiesto un desfase contable de 344.611.989 euros en el remanente de tesorería. Una cantidad que inicialmente, ascendía a cerca de 362 millones de euros en el informe provisional del órgano fiscalizador y que ahora se ha reducido ligeramente, aunque es superior a los 7 millones de euros aproximadamente que se reconocían desde el consistorio.

Según se indica en el extenso informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, estos 344 millones de euros es el remanente de tesorería negativo del ayuntamiento en el caso de que hubiera contabilizado una serie de obligaciones. Por ejemplo, se apunta a que el Ayuntamiento no ha incluido, entre otras, las obligaciones contabilizadas en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones de aplicar al presupuesto", lo que arroja un saldo final de los gastos registrados en esta cuenta después de los ajustes de esta auditoria de 163.754.630 euros.

El resultado presupuestario, una vez sumados los ajustes detectados por la Cámara de Cuentas, es de 14 millones en lugar de los 25,7 millones negativos registrados por el ayuntamiento. 

El informe también indica que la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio de 2011 no expresa la "imagen fiel" del patrimonio y de la situación financiera del consistorio a fecha de 31 de diciembre ni de los resultados de las operaciones ni la liquidación de sus presupuestos del ejercicio anual de 2011, de acuerdo con el marco normativo.

Desde la Cámara de Cuentas se indica que el valor de la cartera de inversiones financieras del Ayuntamiento en el capital de sociedades mercantiles refleja un valor de 42.968.285 euros, estando sobrevalorada en 22.741.367 euros, al no haberse realizado correcciones valorativas.

Además, no se ha contabilizado el compromiso de aportación de capital para compensación de pérdidas a la sociedad Promoción del Aeropuerto de Zaragoza S.A por lo que el remanente de tesorería, el resultado presupuestario del ejercicio y el resultado económico patrimonial se encuentran sobrevalorados y el saldo de acreedores infravalorado en 3.500.000 euros.

Igualmente, el informe refleja en relación a Zaragoza Alta Velocidad 2022, que el consistorio debió haber provisionado con cargo al resultado del ejercicio un importe de 21. 21.130.908 euros, para cubrir, hasta el porcentaje de su participación, el patrimonio negativo de ZAV.

También se ha detectado que el consistorio tiene reconocidos derechos pendientes de cobro por ventas de terrenos que no han sido perfeccionadas y que no se ha producido la efectiva transmisión de la propiedad de las mismas, no existiendo escritura de compraventa, por importe de 47.224.750 euros y que existen operaciones de venta de terrenos que se han realizado en el ejercicio 2012 cuya contabilización se ha producido en el ejercicio 2011 por valor de 3.974.353 euros.

El informe recoge que la provisión para insolvencias está infravalorada en 64.051.498 euros y que existen 23 cuentas bancarias sin contabilizar que tienen un saldo total de 544.961 euros.

La Cámara de Cuentas también pone de manifiesto diferencias entre los saldos de los acreedores y los que refleja el Ayuntamiento de Zaragoza. En concreto, se apunta a 11 acreedores que han reconocido una deuda menor con el consistorio que la reflejada en la contabilidad, ascendiendo la diferencia a más de 3,7 millones de euros, y 27 acreedores han conformado un saldo mayor pendiente de pago, siendo en este caso la diferencia de casi 37 millones de euros.

El informe también se hace eco de la deuda por la construcción de la depuradora por UTEDEZA. En este sentido, se indica que el ayuntamiento no tiene registrado en su estado financiero la deuda con las entidades financieras que se contrajo para la financiación de la construcción, que asciende a 15.440.308 euros, correspondiendo 10.522.402 euros a corto plazo y 4.912.906 euros a largo plazo.

Por su parte, en las obras del Corredor Verde, se han detectado certificaciones de obra relativas a las obras del Corredor Verde por 6.723.401 euros devengados en el ejercicio 2011, que no han sido objeto de contabilización.

Referente a las obras del tranvía se indica que el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene registrado activo alguno cuando en las cuentas anuales auditadas de la Sociedad Mixta el coste real de los trabajos finalizados y en curso a finales de 2011 ascendieron a 225 millones de euros. Una situación ante la que la Cámara de Cuentas recomienda que el consistorio, sin ser obligatorio, dé de alta en su inmovilizado las obras de esta infraestructura y que aflore el pasivo pendiente de pago de 181 millones. La diferencia de 44 millones de euros se corresponde con los importes contabilizados de pago o pagados por el consistorio en concepto de subvenciones de capital y gastos corrientes que tendrían que haberse activado y no contabilizarse como un gasto del ejercicio.

Además, el informe de fiscalización pone de manifiesto que el ayuntamiento no registró como ingreso la totalidad del préstamo que recibió por el plan de pago a proveedores y que no existe un plan estratégico de subvenciones ni el consistorio cumplió con su deber de ofrecer información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones sobre las ayudas concedidas. Precisamente, en relación a las ayudas concedidas de forma directa, se indica que suponen el 45%. Un porcentaje que se considera elevado.

En otros datos, la Cámara de Cuentas alude al período medio de pago, que en el año 2011 fue de 221 días frente a los 50 establecidos por lo que recomienda medidas para reducir este plazo y luchar contra la morosidad.

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