El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Javier Campoy, ha asegurado que el cierre contable del presupuesto de la Comunidad autónoma para 2014 iniciado el pasado 6 de octubre "no afectará negativamente" ni a proveedores, autónomos, pequeñas y medianas empresas (pymes), entidades sociales, ni ayuntamientos.
En respuesta a cuatro preguntas en el pleno de las Cortes de Aragón por parte de los grupos de la oposición, PSOE, CHA e IU, sobre esta cuestión, Campoy ha incidido en que "no vamos a dejar de pagar facturas, a proveedores, ni a autónomos" y "la caja no se cierra por muchas veces que ustedes lo repitan".
Según ha precisado, el cierre contable "no es un drama por mucho que se empeñen en ello", "todo lo que está iniciado se terminará de pagar", si bien "no se comenzará nada nuevo" y "pueden seguir contabilizándose muchas operaciones" ya que "no afecta a los gastos sensibles, ni a las ayudas sociales, la farmacia, dependencia, becas, transporte escolar o nóminas" de la Comunidad autónoma.
Campoy ha agregado que "no se reducirán las prestaciones sociales, médicas, ni las ayudas a los colectivos desfavorecidos" ya que las prestaciones del IASS y el gasto sanitario "quedan fuera por derecho propio" de la orden que determina el cierre.
El consejero ha animado a los diputados a leer o releer este documento para constatar sus palabras y si bien ha enfatizado que a la oposición le "da mucho juego" criticarla, "este termina con las preguntas y las repuestas".
Campoy también ha argumentado que el cierre contable es "una práctica habitual" en todas las Administraciones "para ordenar la gestión en los últimos meses del año", tanto en gobiernos del PP como del resto de partidos y en 2014 ya se ha decretado con anterioridad a Aragón en Comunidades como Castilla La Mancha, Madrid, Extremadura, País Vasco y Baleares.
Muy grave
La diputada del PSOE, Ana Fernández, ha calificado de "muy grave en una situación de crisis que el Gobierno de Aragón se permita cerrar el 6 de octubre la caja para no pagar, porque lo hace por eso" y ha comentado que si no afecta, como argumenta el consejero, "haberlo dejado para diciembre".
La parlamentaria ha asegurado que el cierre contable "tiene consecuencias, aunque no quiere decirlas" porque "nunca se había hecho tan pronto" en Aragón, para afirmar que hay convocatorias de ayudas que "han salido hace poco y no han iniciado el proceso administrativo" por lo que "se van a quedar sin resolver".
Así lo creen "asociaciones, proveedores, pequeñas empresas, autónomos y Administraciones locales", que "van a tener muchas dificultades para cobrar", ha apostillado.
El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha dicho que adelantar el cierre contable al 6 de octubre "es una decisión política, no técnico-contable, que va a tener consecuencias económicas desastrosas y que va a hacer polvo a mucha gente".
En su opinión, es un "instrumento para el recorte", que forma parte de un "drama en tres actos", el primero la creación de la unidad de control del gasto, el segundo los 148 millones de euros no disponibles que recoge el plan económico financiero y el tercero este cierre contable.
Soro ha sostenido que si se tienen en cuenta los 125 millones de euros previstos en el presupuesto de la Comunidad autónoma de inejecución, el diez por ciento del presupuesto de 2014 "no se va a ejecutar", afectando en el caso del cierre contable a terceros, como ONG, empresarios y autónomos. Por eso, ha criticado al Gobierno por "gastar menos a costa de estos terceros" y cuadrar las cuentas "no a martillazos, sino a 'serruchazos'", un "fracaso político".
Complicar la vida
El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha dicho que el Gobierno, con su decisión del cierre contable el 6 de octubre, "está complicando la vida" a "muchas entidades, ayuntamientos y trabajadores que dependen de autónomos y pymes, a quienes ustedes no les van a pagar" por lo que "les condenan a no actuar y no ejecutar" proyectos necesarios, "a pedir préstamos de los que ustedes no les van a pagar los intereses, o despedir a trabajadores".
Barrena ha pedido al consejero que "pensando en las personas, les dé una alternativa" y "si no la tiene, dígalo", para apuntar que durante tres meses "no se podrán tramitar certificaciones de obras ya iniciadas".
También ha solicitado a Campoy que asegure que el cierre contable no afecta a ninguna convocatoria pública de subvenciones iniciada antes del 6 de octubre, pero con plazo de presentación de solicitudes después de ese día, para invitar al consejero a que, "si es incapaz de responder a una pregunta de su Departamento, debería dimitir".
Unidad contable
En otro orden de cosas, Campoy ha señalado que la Unidad de Control de la Gestión Pública está cumpliendo con la legalidad en materia de contratación pública, en respuesta a otra pregunta parlamentaria de la diputada socialista Ana Fernández.
Según ha expuesto, la finalidad de la unidad es "informar con carácter previo a las propuestas de gasto público de Departamentos, organismos y empresas públicas de la Comunidad autónoma" por lo que "sus decisiones no afectan a la normativa de contratación, sino a la cuestión inicial previa, antes de iniciar los trámites" por lo que "se ajusta a la legalidad vigente".
La diputada Fernández ha considerado "inoperativa" esta unidad, además de "disfuncional" y "contraria" a la ley de Hacienda, que "atribuye a cada consejero la competencia para autorizar los gastos con cargo a los programas presupuestos de su Departamento", al tiempo que también ha dicho que va contra la ley de Función Pública y la de Régimen Jurídico de las Administraciones.
A su entender, esta unidad es un "filtro de control absurdo, que se inventó usted, salvo que la finalidad sea dilatar y entorpecer la gestión" y cuya composición también ha criticado porque la Interventora General, "por su condición técnica, debería mantenerse alejada de toda decisión política o de oportunidad sobre el gasto", para rechazar también que haya personal eventual.
Fondo de cooperación municipal
El consejero ha manifestado, en respuesta a otra pregunta sobre los plazos en los que los ayuntamientos van a cobrar el Fondo de Cooperación Municipal, que va a tener lugar en tres pagos, uno que ya se ha sustanciado, el 15 de octubre, y otros dos el 5 de noviembre y el 5 de diciembre, con una cuantía de 3,2 millones de euros en cada uno de ellos.
Campoy ha remarcado que "no se va a dejar de pagar a ningún ayuntamiento" y "poco debate político cabe más" puesto que el resto de consideraciones son "opiniones suyas que yo no entro a responder", le ha dicho a la diputada del PSOE Carmen Sánchez.
Esta ha lamentado el retraso del Gobierno en pagar este Fondo, del que habitualmente se aportaba la mitad en el primer semestre del año, para manifestar el "susto mayor" de los ayuntamientos cuando conocieron que el 6 de octubre se decretó el cierre contable.
También ha advertido de que el Departamento de Política Territorial e Interior es el que "menos ha ejecutado su presupuesto, el 18 por ciento en agosto de 2014, cuando en junio de 2013 ese porcentaje era del 38 por ciento".
Además, en el capítulo de transferencias de capital "solo ha ejecutado el 0,26 por ciento" porque "están intentando disfrazar las cuentas a costa de las Administraciones más débiles", algo que está obligando a los municipios a "reducir alumbrado público, bajar termostatos en centros escolares y edificios municipales" porque resulta difícil pagar a los proveedores en plazo y hay alcaldes que "hay noches que no pueden dormir y se plantean tirar la toalla".
