La interventora general de la Diputación General de Aragón, Cristina Quirós, ha indicado que en los últimos meses se han comenzado los trabajos de revisión de los expedientes.
La interventora ha comparecido en las Cortes de Aragón a solicitud de Izquierda Unida con el fin de explicar las operaciones de crédito y deuda vinculadas a este plan del Gobierno de Aragón por un importe de 190 millones de euros, de los que 150 se destinaron a financiar el Plan Impulso.
En su comparecencia ha explicado que los últimos meses han comenzado los trabajos de revisión de los expedientes, entre los que ha señalado los del Departamento de Obras Públicas y del de Agricultura, del Instituto Aragonés del Agua, del Instituto Aragonés de Fomento y algunos del Departamento de Industria.
Quirós ha explicado en qué consiste el proceso interventor, el marco legal en el que se inscribe el Plan Impulso y la labor que se ha llevado a cabo en este caso concreto. Además, la interventora general ha defendido que el informe de auditoría "estará dispuesto antes de que finalice el año, tal y como el decreto ley nos obliga".
La interventora general también ha expuesto como el marco legislativo del Plan Impulso, conformado por el artículo 43 de la Ley de Hacienda y el decreto 2/2013, establecía que los expedientes del plan "no serán objeto de la habitual fiscalización previa sino que serán objeto de un control financiero a través de la realización de una auditoria posterior".
A este respecto, Quirós ha explicado que la función interventora consiste en "revisar la legalidad de los expedientes siempre con carácter previo a que el acto sea firme, la fiscalización previa", pero ha indicado que la Ley de Hacienda establece otra forma, "el control financiero, que comienza cuando la actuación ha concluido".
Quirós ha puesto de manifiesto como esa decisión causó "un problema logístico ya que el sistema contable de que disponemos está diseñado para la función interventora por lo que era imposible modificarlo para el control financiero del Plan Impulso", aunque ha señalado que, en su opinión, "éste cambio en la actuación de la Intervención se ha hecho en aras de desarrollar lo más rápido posible las actuaciones del Plan Impulso".
Finalmente, Quriós ha aclarado que a la Intervención General "la vincula la Ley y vela por que la normativa se cumpla en las actuaciones de las instituciones con contenido económico", además de afirmar que ser autónomo e independiente es, para la intervención general, "un mandato de la ley".
La compareciente ha explicado que "trabajamos en un marco legal dado, y el control, previo o no, siempre se limita a verificar que el acto concreto cumple todos los requisitos impuestos por la normativa", por lo que, según ha expuesto, "no hacemos valoraciones objetivas".
Vulneración de la ley
Por su parte, Adolfo Barrena, diputado de IU y solicitante de la comparecencia, ha denunciado que la forma de proceder del Gobierno de Aragón con los créditos extraordinarios "ha vulnerado el Estatuto de Autonomía, que es una ley superior a la de Hacienda", y ha afirmado que es "muy grave que un Gobierno democrático incumpla la legalidad".
Barrena ha pedido "acabar con estas prácticas" y ha señalado que la Intervención General "ha tenido que controlar a posteriori lo gastado, cuando lo que había que haber hecho es controlar al principio si se podía gastar lo que se quería gastar".
Por el contrario, la diputada del PP, Yolanda Vallés, ha defendido el Plan Impulso como "una decisión política correcta, con muy buenos efectos sobre el empleo y que el PP volvería a apoyar" y ha criticado a la oposición que "querían flexibilizar el déficit y, cuando se hizo, ustedes empezaron a plantear dudas sobre la legalidad de esa actuación".
En nombre del PSOE ha intervenido Ana Fernández, quien ha criticado que el Plan Impulso "se llevó a cabo con total falta de transparencia" y ha denunciado que fue "un apaño para implementar ciertas partidas de los presupuestos, ya que, por los recortes, eran insuficientes para atender a los ciudadanos".
La diputada socialista ha señalado que con el Gobierno de Rudi "el incumplimiento de las leyes está a la orden del día" y ha defendido que con el Plan Impulso "no fueron gastos de inversión, se utilizó el adeudamiento para cubrir partidas que se quedaron cortos, lo que es ilegal".
El representante del PAR, Antonio Ruspira, ha declarado que "todo se circunscribe a una cuestión de legalidad" y ha lamentado que, "al final, por intentar potenciar las líneas estratégicas de prioridad que marcan PP y PAR ahora tenemos problemas por cuestiones legales".
A este respecto, Ruspira ha pedido "saber si se ha cumplido con la legalidad", aunque ha añadido que "el PAR valora mucho más que con ese impulso dado a lo social, a lo empresarial y al empleo, Aragón está un poquito mejor".
Por parte de CHA ha intervenido José Luis Soro, quien ha denunciado que el Gobierno incumple, "no solo el principio de legalidad, sino también los principios parlamentarios, el principio de universalidad y toda la normativa presupuestaria" y ha criticado que se destinaran ciento cincuenta y ocho millones "al capítulo 20 en 'diversos Departamentos' y a 'otros gastos'" lo que supuso, en su opinión, "un cheque en blanco al Gobierno para que hiciera lo que quisiera sin dar cuentas a la Cámara y sin consignar partidas presupuestarias concretas".
