El Gobierno de Aragón ha acordado presentar un recurso en la sala de lo contencioso-administrativo de Audiencia Nacional por el cómputo del déficit autonómico de 2013, después de que el Ministerio de Economía y Competitividad se haya negado a modificar la cifra, que la Comunidad Autónoma considera incorrecta. El Ministerio de Economía calculó que Aragón había tenido un déficit de un 2,06 por ciento del PIB el año pasado, 254 millones de euros, un 0,7 por ciento por encima del objetivo de déficit marcado (1,3 por ciento), mientras que para el Gobierno aragonés se produjo un desfase de 81 millones, es decir de un 0,2 por ciento.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz, Roberto Bermúdez de Castro, ha señalado que hubo conversaciones en los meses de marzo y abril, en las que los representantes del Ministerio mantuvieron el criterio utilizado para realizar el cálculo "y como no ha habido acuerdo, para defender lo que es bueno para la Comunidad llevamos a cabo este recurso", que el Ejecutivo aragonés ya había anunciado que se presentaría tras conocerse las primeras diferencias entre ambas instituciones por el cálculo del déficit y no solucionarse en las conversaciones mantenidas.
El principal motivo de la presentación de este recurso son las diferencias del cálculo del déficit entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Hacienda por lo que el ejecutivo aragonés va a solicitar a través de esta vía que se apliquen las mismas reglas contables que se utilizan en la Administración del Estado, ya que "permiten un reflejo más fiel de las finanzas de la Comunidad".
El Gobierno aragonés sostiene que el informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria no consideró correctamente las reglas de gasto y devengo, al aplicar principios contables distintos a la Administración del Estado y la Administración autonómica, o bien computar periodos que quedan fuera del ejercicio económico, o bien por no atender a la realidad del ingreso de algunas cantidades.
En concreto, en el capítulo de ingresos, el informe omite 96 millones de 'recaudación incierta', correspondientes a tributos liquidados por esta Administración en el ejercicio 2013 y 23 millones de transferencias del Estado por fondos procedentes de la Unión Europea, que la Comunidad Autónoma tenía devengados en 2013, pero que el Estado contabilizó en enero de 2014.
Por otro lado, en el capítulo de gastos, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) imputó a Aragón trece meses de gasto farmacéutico en vez de los doce que corresponden al año natural de 2013, por un cambio metodológico durante el pasado ejercicio.
Los argumentos jurídicos del Gobierno de Aragón se basan en solicitar la aplicación de las reglas contables contenidas en los reglamentos, para mostrar una imagen fiel de las finanzas de la Administración autonómica, sin reclamar ningún tipo de exención o regla excepcional.
De esta forma, la Dirección General de Servicios Jurídicos expondrá que la mecánica de aplicar reglas de cómputo de déficit distintas para la Administración del Estado y las comunidades autónomas "choca frontalmente con el criterio de igualación de los privilegios o beneficios que se recoge en el artículo 103.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón que, como Ley Orgánica, es una Ley estatal".
Además, esta equiparación está ya indicada en el artículo 13 de la Ley de Proceso Autonómico, que señala la aplicación a las comunidades del régimen presupuestario estatal mientras el Estado no dicte una norma específica sobre criterios y reglas aplicables a las regiones, que se debería de aprobar previa consulta y participación de las mismas.
