Procesos concursales caros, leyes más concebidas para las grandes empresas y problemas para seguir teniendo financiación son algunos de los principales problemas a los que tienen que enfrentarse las pequeñas y medianas empresas que tienen que acudir a los concursos.
Las pymes cuando tienen que acudir a un proceso concursal tienen más problemas que las grandes empresas. Una problemática que se ve acentuada por el actual marco legal, que está más diseñado para las grandes empresas que para las pymes, aparte de no incluir instrumentos consolidados para hacer frente a insolvencias transitorias, lo que facilita que se termine con la liquidación de los bienes del deudor.
No obstante, las últimas modificaciones realizadas en la Ley Concursal en 2013 y 2014 tratan de evitar estas situaciones, además de intentar que se pueda reestructurar la deuda de las empresas a través de acuerdos de refinanciación o acudiendo al Instituto del Acuerdo Extrajudicial de Pagos.
Sin embargo, en la práctica la actual legislación sigue teniendo algunas lagunas y no termina de solucionar los problemas que este tipo de situaciones plantea para las pequeñas y medianas empresas. "Uno de los principales problemas de las pymes es que estos procesos son caros y les falta financiación porque las entidades financieras les cortan el grifo de la financiación y para la pyme es ir a la muerte", según explica José María Fernández Seijó, Magistrado Juez del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, quien ha participado en las jornadas concursales 2014 "El proceso de refinanciación de deuda en las pymes", que se han celebrado en Zaragoza.
Seijó también señala que el "problema es que las leyes sirven para las grandes empresas, mientras que para las pymes y los ciudadanos no tienen efectividad inmediata", aunque apela a la cautela para ver la efectividad de las últimas modificaciones legales realizadas el pasado mes de septiembre.
El magistrado juez, quien intervino en estas jornadas para impartir la conferencia "La problemática de la liquidación en las empresas inmobiliarias", ha explicado que los procesos concursales han descendido entre el 25% y el 30% en el último trimestre de 2013 en prácticamente todos los sectores, quedando ya pocas grandes empresas dentro del sector de la construcción que no hayan tenido que acudir a este tipo de procesos y tratar de refinanciar sus deudas. Son situaciones que también han tenido repercusión en las pymes, sobre todo, en el sector de la construcción e inmobiliario porque "cuando cae una gran empresa se produce el efecto dominó y caen todas las vinculadas a ella".
Nuevos instrumentos de refinanciación de la deuda
En el nuevo marco legal se incluyen nuevos instrumentos de refinanciación con el objetivo de "posibilitar la refinanciación de la deuda y no caer en el concurso de acreedores", según afirma Enrique Sanjuán y Muñoz, Magistrado de lo Mercantil de Granada, quien también ha intervenido en estas jornadas con la ponencia "Refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial. Acuerdos de refinanciación".
Con los cambios introducidos en la legislación, el objetivo es "dejar que las empresas funcionen y vincular a los acreedores para que participen en el proceso de refinanciación" para lo que se cuenta con instrumentos previos a la insolvencia y concursales.
No obstante, en este marco, también se detectan algunos problemas prácticos, ya que en general un banco "huye de los procesos regulados y prefiere acuerdos bilaterales". Además, se da el caso que los bancos "por mi experiencia no dan dinero nuevo sobre viejo. El dinero es un elemento con mucho miedo. Los acuerdos dan un respiro para la recuperación de la empresa pero con las mismas garantías o con más todavía".
Aparte, hay que tener en cuenta que "el banco depende del Banco de España y, si se aprieta en provisiones, se hacen menos operaciones de refinanciación. Parece que con la nueva normativa se va a flexibilizar", añade Enrique Sanjuán, quien considera que en España "tenemos una mala regulación. Deberíamos tener una regulación vinculada a supuestos de insolvencia". No obstante, matiza que la "legislación de ahora es mejor que la de antes".
Según ha indicado, "después de mucha reforma, se ha dejado más o menos consolidada una situación que intenta favorecer la financiación de la empresa, proteger a los acreedores que financian y evitar con ello la destrucción de la misma, el mantenimiento de la unidad productiva y la consolidación de los puestos de trabajo".
Además, ha señalado que "incluso aunque ahora se ha pretendido proteger el empleo a través de determinadas normas, ciertamente hay una consecuencia lógica: si mantenemos la empresa mantenemos el empleo, si destruimos la empresa no hay empleo. Es cierto que hay una desprotección en una comunidad de pérdidas en donde el trabajador pierde necesariamente, pero también se han establecido instrumentos de protección que pueden ser muy interesantes".
Estos temas son los principales que se han tratado durante estas Jornadas Concursales 2014, organizadas por el Colegio Oficial de Economistas de Aragón, el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas -Agrupación Octava y que han reunido en la capital zaragozana a cerca de 250 profesionales de los sectores de la Economía y el Derecho de toda España.
