Aragón

Cerca de 6.000 comercios de Aragón están en peligro por el fin de los contratos de renta antigua

UPTA Aragón se ha unido a la Plataforma de afectados con alquileres de renta antigua para pedir que se establezca una nueva moratoria de diez años.

El próximo día 1 de enero acaba la moratoria para la finalización de la vigencia de los denominados arrendamientos de renta antigua de los locales comerciales. Una situación que afecta a alrededor de 200.000 negocios familiares en toda España y a cerca de 60.000 dentro de Aragón.

Estos negocios se localizan principalmente en las capitales de provincia y en los cascos antiguos de las localidades más importantes de la comunidad aragonesa, siendo además la mayoría establecimientos comerciales de trabajadores autónomos que tendrán que renegociar las condiciones de alquiler y asumir un aumento del alquiler.

Ante esta situación, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Aragón (UPTA) ha anunciado su adhesión a la Plataforma de afectados con alquileres de renta antigua con el fin de reclamar soluciones.

Entre las medidas que se proponen figuran la petición al Gobierno y a los grupos parlamentarios de la modificación de la Disposición Transitoria Tercera de la LAU para que se establezca un régimen transitorio y una nueva moratoria de diez años. También se pide que el incremento que se tenga que asumir sea razonable, así como una actualización adecuada de los precios del alquiler durante este nuevo periodo.

Esta no es la primera vez que se pide una moratoria. De hecho, la anterior se aprobó por los problemas económicos que tenía el país tras la crisis de 1993. Una situación que desde UPTA, consideran que todavía es "mucho más grave hoy, en particular para los sectores más afectados por la medida como son el comercio al por menor, talleres de reparación, hostelería o pequeños alojamientos hoteleros", según explica el secretario de Política Institucional de UPTA España, César García.

Además de pedir estas medidas, desde UPTA Aragón se llevarán a cabo otra serie de acciones como encuentros con los grupos parlamentarios presentes en la comunidad aragonesa para trasladar los problemas de este sector e instar a que se establezca una moratoria para que no se perjudiquen los intereses sociales y económicos de una buena parte de los comerciantes, aparte de tratar de evitar la degradación urbanística de los ejes comerciales y la pérdida de atractivo turístico de las ciudades.

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