El Gobierno de Zaragoza aprueba inicialmente el Plan Especial de Averly, que convertirá en residencial con 220 viviendas una parte de la vieja fundición. La licencia de derribos continúa suspendida hasta que se pronuncia el Tribunal Supremo.
El Gobierno de Zaragoza ha aprobado con carácter inicial el Plan Especial de Averly. El avance en la tramitación se ha producido después de que el Pleno aprobara en la última sesión de julio alzar la suspensión de la tramitación que se había adoptado de manera paralela a la suspensión de la tramitación de la licencia de derribo de los edificios no sujetos a protección y que se sigue manteniendo hasta que el Supremo decida sobre el recurso de casación que interpuso Apudepa.
El Plan Especial del área de intervención E-19 terrenos de Averly distingue tres zonas en los 8.961 metros cuadrados que conforman la superficie de la vieja fundición, la zona protegida (donde se localizan las oficinas, el taller y el jardín); la vivienda catalogada, junto al Paseo María Agustín, que admite la realización de viviendas en su interior pero con numerosos elementos que se deben preservar, aunque la voluntad municipal es que todos los edificios catalogados sean destinados a equipamientos públicos; y la zona en la que realizaría la nueva zona residencial, que tiene 5.171 metros, que suponen 22.403 m2 edificables.
Este sector podría albergar una cifra aproximada de 220 viviendas de 100 metros cuadrados, de las que alrededor de 40 serían de protección. Los bloques de pisos se ordenarán en construcciones de distintas alturas, desde cuatro alturas, hasta torres de 19, que actuarán como el hito identificativo de la zona.
Antecedentes
La Gerencia de Urbanismo decidió seguir las recomendaciones que efectuó la Fiscalía General del Estado en un oficio remitido al Ayuntamiento de Zaragoza en el mes de junio, en el que se señalaba la conveniencia de que el consistorio informara al Tribunal Supremo de la existencia de un expediente de licencia de derribo, ya que esta instancia judicial tiene un recurso de casación presentado por Apudepa contra el levantamiento de las medidas cautelares dictadas por el TSJA y que autorizarían la tramitación de los procedimientos de derribo.
La Gerencia de Urbanismo ya puso de manifiesto entonces que ningún órgano judicial, ni tampoco la propia Fiscalía, han solicitado la paralización del Plan Especial, que tiene que ver directamente con la organización de la escena urbana en ese ámbito, por lo que, tras la aprobación en Pleno, se reanudó la tramitación de este instrumento de planeamiento.
