El consistorio ha presentado alegaciones al Informe Provisional de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Aragón correspondiente al ejercicio de 2011 en el que se reflejaba un desfase de 362 millones de euros.
El documento con las alegaciones, que tiene una extensión de 350 páginas y alrededor de 40 anexos documentales, ha sido presentado hoy por el vicealcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Gimeno, quien ya había negado en una entrevista concedida a elEconomista.es ese desfase.
Este documento -que ha sido elaborado y firmado por 29 técnicos municipales de los servicios municipales y de las sociedades, patronatos y organismos autónomos del Ayuntamiento-, se basa en demostrar que las actuaciones municipales respetaron "escrupulosamente" la normativa y en negar ese desfase de 362 millones de euros.
En concreto, las materias objeto de respuesta en las alegaciones se refieren a los estados financieros, remanente de tesorería, contratación, subvenciones y morosidad en las operaciones comerciales.
La principal conclusión a la que se llega es que las actuaciones municipales se han realizado con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, respetando escrupulosamente la normativa que estaba vigente cuando se llevaron a cabo, y de manera específica la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2011 y de la Cuenta General del mismo año, que tuvo lugar a principios de 2012.
Según explican desde el Ayuntamiento de Zaragoza, tal como se demuestra en las alegaciones, la Cuenta General de 2011 refleja fiel y adecuadamente la situación financiera y patrimonial del Ayuntamiento de Zaragoza -con algunas salvedades que se recogen-, de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación.
Respecto a la afirmación de que el remanente de Tesorería de 2011 debería haber sido de -362 millones de euros, se indica que no puede ser aceptada por ser técnicamente incorrecta y no ajustarse a la normativa aplicable, tal como se acredita en las alegaciones y en los informes de la Intervención General.
Además, en las alegaciones se documenta el rechazo a la opinión del informe provisional de auditoría de que la cuenta general no refleja la situación financiera y contable del Ayuntamiento.
La Cuenta General de 2011 se formó y aprobó en plazo, no se formularon alegaciones ni reclamaciones, se remitió a la Diputación General de Aragón, al Ministerio de Hacienda y a la Cámara de cuentas sin que se formularan reparos ni salvedades por parte de los órganos de control, señalan desde el consistorio.
También se indica que los criterios de cálculo de la cuenta General de 2011 cumplen estrictamente la Ley de Haciendas Locales y demás legislación aplicable. Sin embargo, el informe provisional de auditoría establece sus propios criterios, a los que llama "prudencia contable", y los aplica específicamente a las provisiones de fondos para insolvencias y al remanente de Tesorería.
Además, explican que el informe provisional habla de dos nuevos conceptos jurídico-contables: el resultado presupuestario "en sentido amplio y realista" y el remanente de tesorería "en sentido amplio y realista", que no están contemplados en la ley.
También establece un método de cálculo de los saldos de dudoso cobro y un sistema de recaudación que elude los criterios técnicos basados en la legislación vigente. En este sentido, hay que señalar que el criterio municipal de anulaciones de derechos ha sido admitido por el Tribunal de Cuentas desde que éste inició su función fiscalizadora.
Desde el Ayuntamiento de Zaraogza igualmente se indica que la Cámara no ha tenido en cuenta en su informe provisional hechos posteriores a 2011 que son fundamentales para tener un conocimiento cabal de la situación financiera del Ayuntamiento.
En este sentido aluden al Plan Económico Financiero 2012-2015, aprobado por el Pleno Municipal el 26 de diciembre de 2011 y aceptado por la DGA sin consideraciones de ningún tipo, así como al plan de ajuste, que fue aprobado por el Pleno Municipal el 26 de marzo de 2012 y que era obligatorio para acogerse al Fondo de Financiación de Pago a Proveedores del Ministerio de Hacienda. Este plan ?señalan-, permitió cancelar deudas por importe de 171,5 millones de euros. De su seguimiento se da cuenta trimestralmente al MINHAP y al Pleno municipal, y se está cumpliendo.
El documento también explica que el informe provisional de la Cámara de Cuentas tampoco ha tomado en consideración que en la liquidación del presupuesto de 2012 se provisionó el resto de los pendientes de cobro relativos a las enajenaciones de suelo, y se anularon los que no habían sido cobrados en el plazo legal por importe de 17,1 millones de euros.
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se indica que en el período analizado se ha respetado escrupulosamente la Ley de Contratos del Sector Público y garantizado la publicidad, concurrencia y objetividad técnica en los criterios de adjudicación.
En materia de subvenciones, se señala que todas se tramitaron y se adjudicaron respetando la Ley General de Subvenciones y la Ordenanza Municipal de Subvenciones. Al respecto, señalan que es cierto que el Ayuntamiento no dispone de un "Plan Estratégico de Subvenciones", pero sí de una Ordenanza Municipal que las regula, que tiene plena vigencia jurídica. Un hecho que indican que tampoco ha sido tenido en cuenta en el informe provisional de la Cámara de Cuentas.
Referente a la morosidad, el informe provisional de la Cámara de Cuentas ha realizado el cálculo de los períodos medios de pago tomando como referencia la fecha de factura registrada en el SICAZ -el antecedente del Registro Unificado de Facturas-, lo que es contrario a las normas vigentes en 2011 y a los criterios de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón, que computa el plazo a partir de la fecha del reconocimiento de la obligación.
Finalmente, se apunta que la Cámara de Cuentas no ha introducido en su Informe Provisional de Auditoría un apartado específico de recomendaciones -como establecen los Principios Básicos de Auditoría del Sector Público-, cosa que sí ha hecho, por ejemplo, en el informe correspondiente a la Diputación General de Aragón o de la Diputación de Teruel del mismo año 2011.
Además, se detecta y se documenta una falta de ponderación en la formulación del informe, y un trato distinto al dado a otras administraciones públicas aragonesas frente a los mismos hechos.
En este sentido, se ha comprobado la utilización de criterios distintos por parte de la Cámara de Cuentas de Aragón a la hora de valorar situaciones, prácticas o carencias idénticas en otras administraciones públicas (DGA o DPT), siempre en perjuicio del Ayuntamiento de Zaragoza.
