El regulador de las autopistas italianas envió un comunicado oficial donde se afirma que la fusión no es compatible ni coherente con la finalidad de la concesión ni con los compromisos jurídicos asumidos por Autostrade. El principal punto de conflicto es la presencia de ACS en el capital de la española. El grupo controla un 24% de Abertis y ostentaría un 11% del grupo fusionado. El problema es que cuando la concesionaria italiana fue privatizada, se suscribió una norma prohibiendo la presencia de una constructora en el capital. La presencia de ACS se opone a la norma italiana.