Emilio Botín, presidente del Santander, fue imputado ayer en un nuevo proceso judicial, esta vez por un presunto delito fiscal y de apropiación indebida en la entrega del 1% del capital de Banesto a Alfredo Sáenz y los demás administradores nombrados por el Banco de España, cuando el Santander se hizo con esta entidad en 1994. Botín debe enfrentarse a varias causas judiciales en los próximos meses, la más importante de las cuales es el juicio de las cesiones de crédito, que se celebrará previsiblemente en noviembre y en el que la acusación solicita para él 116 años de cárcel. Hasta ahora, ningún problema judicial ha afectado a la evolución del valor en bolsa, pero tanto va el cántaro a la fuente, que al final puede romperse: si Botín es condenado en alguna causa, se verá obligado a dimitir como presidente y se abrirá el melón de la sucesión, lo cual tendría efectos muy desestabilizadores para la entidad.
