Por Carlos Ruiz, secretario general de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA).
Llegó el momento de hacer balance, de reflexionar y de proyectarnos hacia el futuro. La presidenta de la Junta de Andalucía nos ha convocado a las urnas el próximo día 2 de diciembre. Cada cuatro años deberíamos tener la posibilidad de hablar con serenidad de aquellas cosas que nos importan a los ciudadanos, pero mucho me temo que, una vez más, hablaremos de todo lo circunstancial y volverá a pasar desapercibido un debate en profundidad sobre un tema tan fundamental como la Educación en Andalucía. No se trata de montar un circo mediático/electoral en el que los partidos se arrojen a la cara los datos del Informe Pisa o los de abandono y fracaso escolar en la región, porque además ya sabemos el resultado: la culpa siempre será del contrario. Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) viene pidiendo desde hace años un debate sereno con toda la comunidad educativa, en el que se reconozca lo mucho que, en las últimas décadas, se ha avanzado en este tema, a la vez que acepte también los errores cometidos y vea la necesidad de dar un salto de calidad. ECA reclama este debate con la legitimidad que nos da nuestra independencia política, de la que nos sentimos orgullosos, y la labor que realizan nuestros 400 centros concertados en la región, que atienden a 225.000 alumnos, con una más que contrastada calidad y con unos valores que son compartidos por miles de familias. Siempre hemos huido de enfrentamientos artificiales y estériles que algunos intentan fomentar entre la escuela pública y la concertada, a pesar de que el peso de esta última en Andalucía se sitúa ya por debajo del 19 por ciento del total, frente al 32 por ciento de la media nacional. A la organización que represento lo que le importa es la Educación -con mayúsculas-, pública, privada y concertada. Siempre hemos defendido lo mejor para la enseñanza pública, porque será bueno para todos; pero a la vez exigimos que se reconozca el derecho de los padres a elegir la Educación para sus hijos, como recoge el artículo 27 de la Constitución. Por eso, necesitamos un debate que mire más allá, y tenga en cuenta la herencia que podemos dejar a las futuras generaciones. Para ello, es necesario hacer una revisión honesta y profunda que elabore el diagnóstico acertado con el fin de poner los medios adecuados. Habrá que cuestionarse, por ejemplo, por qué en centros cercanos, unos tienen alumnos y otros no. Parece que la medida más inteligente, en esos casos, no es cerrar unidades con demanda para llenar otras que están vacías. En esta tarea, los centros de ECA, la mayoría de ellos centenarios, tienen mucho que aportar. Desde aquí, una vez más, nos ofrecemos desinteresadamente a colaborar con los partidos políticos para debatir sobre todo ello. Un buen comienzo sería atrevernos a hablar con serenidad en esta campaña sobre Educación.