Por Manuel Alejandro Cardenete Catedrático de Economía. Vicerrector de Posgrado. Universidad Loyola de Andalucía
Hace unos días se ha debatido sobre Financiación Autonómica en el seno del Parlamento Andaluz. Antes del pasado verano, se creó un Grupo de Trabajo en nuestro Parlamento, para analizar las múltiples propuestas que, tanto desde un punto de vista político como teórico, podían ponerse sobre la mesa. Tuve el honor de formar parte del plantel. Pues bien, dicho Grupo y las propias comparecencias tuvieron como base el Documento de Propuestas que había encargado en su momento el Gobierno de España y más conocido como Informe Lagares. A este documento se le añadió el propio de la Junta de Andalucía sobre la base del anterior.
La idea de la presidenta de la Junta de Andalucía era poder consensuar un documento único que sirviera de argumento sólido para negociar con el Gobierno de España con el respaldo unánime del Pleno del Parlamento Andaluz. Pero no ha salido bien. Ciudadanos no ha querido sumarse. ¿Donde está el problema? En principio todos los partidos están de acuerdo que el sistema es insostenible e injusto. La LOFCA, que es la ley orgánica que sostiene la financiación actual, no ha funcionado tal y como se diseñó. Cierto es que le pilló la crisis en medio del camino y ha terminado descarrilando.
El sistema actual -y todos coinciden no es justo ni equitativo. Los criterios de reparto son poco transparentes y si hablamos de la negociación bilateral entre Comunidades Autónomas y Gobierno, ni les cuento. Los criterios para el reparto se basan en 17 variables. Es imposible saber de antemano el montante de fondos a recibir. Uno de los fundamentales, la población, que se basa en el denominado población ajustada, deja mucho de desear que sea adecuado tanto para Galicia, como para Andalucía, por poner un ejemplo.
Se estimó desde Fedea que el gap de financiación actual para el conjunto de las Comunidades Autónomas ronda los 16.000 millones de euros. La Junta de Andalucía y su consejera, María Jesús Montero, la cifra en 25.000 millones de euros. Fedea especifica para Andalucía casi 3.000 millones de euros. A todo esto hay que añadir que el desarrollo de este sistema se ha visto acompañado con un incremento del gasto por parte de las Comunidades más allá de los Servicios Públicos Fundamentales en plena crisis económica.
Lo cierto es que la reforma no admite retrasos pero el panorama político no parece el adecuado para acometer esta reforma, máxime cuando todas las Comunidades Autónomas, gobierne quien gobierne, no están dispuestas a renunciar al status quo. Esto es, a quedarse al menos como están. Y esta premisa de partida hace inviable cualquier reforma. Pongamos por caso los regímenes forales del País Vasco y Navarra. Porque el problema de fondo es que hay que romper la caja de Pandora, asumir el coste político y establecer un sistema justo, suficiente, equitativo y sobre todo solidario.
