Los expresidentes del Gobierno, Felipe González y José María Aznar, son dos casos llamativos del paso de la política a las empresas privadas. A esta práctica de entrar y salir de la Administración pública hacia el sector privado de altos cargos y políticos se le denomina efecto de puerta giratoria. Se trata de una forma, más o menos legalizada, de corrupción política, como revelan varios casos recientes en la propia Junta de Andalucía. Descárguese gratis la revista elEconomista Andalucía
Los del exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda, reconvertido en exitoso empresario del sector formación vía captación -y gestión presuntamente fraudulenta- de fondos para ese fin. Está imputado por la juez Alaya. O los de los exaltos cargos de la antigua Consejería de Innovación de la Junta inculpados en el caso ERE, tras saltar directamente del despacho oficial a la empresa privada: Jacinto Cañete -de dirigir la agencia Idea, pagadora de los ERE, a hacerlo en PwC en Andalucía, de donde dimitió el pasado año tras ser imputado en los ERE e Invercaria- y José Domínguez Abascal -exsecretario de Universidades que pasó directamente a Abengoa, gran perceptora histórica de fondos de I+D de la Junta andaluza-.
El abogado del Estado en excedencia Alejandro Hernández del Castillo, vinculado al bufete Gómez-Villares, Alvarez y Atencia, señala que la legislación que regula las incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta está llena de "conceptos jurídicos indeterminados". Advierte que la opacidad, la falta de transparencia y de regulación aumentan considerablemente el riesgo de corrupción y recuerda que en la actualidad no hay ninguna ley que regule los lobbies. "Hay puertas giratorias que son casi un soborno", asegura Hernández.
Reforma inconcreta
A este respecto, y pese a los múltiples escándalos, la Junta nunca ha investigado a sus exaltos cargos ni los ha llevado a la justicia. Tampoco ha movido un dedo para cambiar la ley en nueve años. Ahora, y para 2015, anuncia sin precisar un endurecimiento del régimen de incompatibilidades recogida en el texto de 2005. Éste sólo insta, sin régimen sancionador alguno que lo respalde, a cumplir principios muy inconcretos y ambiguos en los dos años siguientes a dejar el cargo.
El profesor de Derecho de la UMA y abogado José Aguilar argumenta sin embargo que la legislación andaluza en esta materia es suficiente. "El problema es que algunos se saltan las normas, que son buenas, y vuelven al terreno profesional privado utilizando su cargo anterior. Es un problema de valores. Pero no podemos criminalizar a todas las personas que se dedican transitoriamente a la política", resaltó.
Por su parte, el abogado Antonio Urdiales considera, sobre, la regulación andaluza que "el plazo de dos años invita a la corrupción". Así ocurrió en enero pasado. Uno de los casos más sonados de puerta giratoria en Andalucía ha sido el fichaje del cerebro de la política TIC de la Junta, Daniel Ortega, por parte de Microsoft. Ortega, hasta el pasado 10 de enero de este año consejero delegado de la empresa pública Sandetel, se lleva al sector privado todo el conocimiento de las estrategias y prioridades del Gobierno andaluz en materia tecnológica.
La Junta consideró "éticamente reprobable" este fichaje, pero aseguró que "no ha hecho contratos" con Microsoft mientras ha dirigido Sandetel.
Igualmente sangrante es el caso de Manuel Alfonso Jiménez, delegado de la Junta en Huelva hasta julio de 2012, quien dio el salto a Fertinagro, empresa sobre la que había tomado destacadas decisiones para facilitar su instalación en el polo químico de Huelva. Incumplía por ello de forma flagrante la ley, como en el caso de Ortega.
El PSOE propone cerrar la puerta giratoria
