El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha emprendido ese duro camino. Es un político atípico. Sueña con cambiar su ciudad y desterrar situaciones y comportamientos que llevaron al municipio a la etapa más negra de su historia. Y para ello, propone:
1. Suprimir las aprobaciones por parte de otras administraciones y sustitución por el principio de responsabilidad de la administración local.
2. Eliminar radicalmente el sistema de autorizaciones, licencias y permisos por el de responsabilidad.
3. Responsabilidad civil por acto no ilícito. Tiene la convicción que sólo con la responsabilidad personal, civil y patrimonial de los gestores públicos se acaban definitivamente los desmanes. Sólo cesarán cuando los gestores públicos tengan responsabilidad patrimonial personal por actos no ilícitos pero que ocasionen daño patrimonial a la administración.
4. Eliminar el sistema de las tres aprobaciones. Ningún interés queda desvalido si se reducen de tres a dos las aprobaciones de los instrumentos urbanísticos: aprobación inicial, exposición pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva.
5. Imponer determinados límite a determinados ingresos, no solo a los gastos. Propone fijar un IBI nacional, con la variable del valor catastral.
6. Reducir la arbitrariedad en la contratación pública. Fijar un sistema de subasta en la contratación pública, lo que redundará en unos menores costes para la administración, reducirá plazos y evitará situaciones de favoritismo.
7. Eliminar la arbitrariedad en la tramitación de los procedimientos.
8. Realizar empadronamientos obligatorios. Está en la ley, pero no se aplica.
9. Apostar por mancomunar la gestión, no crear más entes.
10. Responsabilidad corporativa de las administraciones.
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