Medidas contra la crisis han quedado sin controlar por el Tribunal de Cuentas Europeo. ¿Y en España?
Hace pocos días, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha publicado, con el sugestivo antetítulo de "análisis panorámico", un documento sobre Los dispositivos de rendición de cuentas y fiscalización de la UE: lagunas, redundancias y desafíos. El análisis es del máximo interés por distintas razones. Ante todo, hay que subrayar que, siendo el TCE una institución técnicamente rigurosa y poco dada a excesos verbales, el título elegido para su trabajo es revelador de la necesidad de introducir cambios en la situación actual de los asuntos a los que se refiere. El orden en que se exponen aquí estas razones no supone ninguna prelación entre ellas.
La primera es que se llama la atención otra vez sobre el hecho de que la rendición de cuentas y su fiscalización son los instrumentos principales en democracia para que cada nivel asuma sus responsabilidades: los políticos por su decisión sobre los objetivos, las administraciones por su gestión y los ciudadanos por su elección. La tan invocada recuperación de la confianza en la política tiene que basarse en esos instrumentos necesariamente.
También es interesantísimo el documento por su capacidad aleccionadora respecto a la situación interna de nuestro país. El TCE hace reiteradas llamadas y recomendaciones sobre la necesidad de cooperación y coordinación de los distintos niveles de decisión, ejecución y control, que merecerían ser adecuadamente extrapoladas por nuestro Tribunal de Cuentas a la situación interna mediante un análisis igualmente riguroso sobre los problemas y desafíos del control de los fondos públicos en España, ya que los problemas presentan alguna semejanza y la necesidad de cooperación y coordinación es incluso más acuciante internamente.
El TCE dice que las distintas fases de la respuesta de la UE a la crisis financiera han originado algunos sistemas que han quedado fuera del control del propio tribunal. También aquí sería oportuno valorar el control de las medidas adoptadas internamente y las consecuencias originadas.
Además de la necesaria cooperación en los diversos niveles, el TCE sigue insistiendo en la necesidad de evaluar los resultados de las políticas. Un informe reciente del propio TCE (9/2014) sobre la gestión del apoyo a la inversión y promoción del sector vitivinícola pone claramente de manifiesto que sólo seis beneficiarios, entre ellos, varias grandes empresas, de Cataluña por cierto, obtuvieron el 86 por ciento de los 15,2 millones previstos de 2009 a 2011, que emplearon en financiar gastos que de todas formas hubieran realizado.
Vínculos del IRPF y el derecho al voto
