La presidenta de la Junta celebra su segunda gran reunión con las principales compañías andaluzas o implantadas en la comunidad en nueve meses. Reitera que no aplicará un nuevo impuesto a las grandes superficies, pero pide a cambio que estas mantengan los puestos de trabajo. También avanza que la obra pública seguirá bajo mínimos.
Susana Díaz se sentó ayer en el palacio de San Telmo, sede del ejecutivo regional, con una treintena de empresarios y directivos de firmas como Heineken (Jorge Paradela), Dcoop (Antonio Luque), Cecofar (Antonio Pérez), Famadesa (Federico Beltrán), Matsa (Alonso Luján), Cobre Las Cruces (Juan Román), Azvi (Manuel Contreras), Sando (José Luis Sánchez Domínguez), Covirán (Luis Osuna), Ángel Camacho (Carlos Camacho), Pedro Méndez (Endesa), José Moya (Persán), Jesús Espinosa (Airbus), Rafael Martínez-Cañavate (Cepsa), Ricardo Pumar (Insur), Miguel Gallego (Migasa), María Jesús Almanzor (Telefónica) así como representantes patronales del turismo residencial (Ricardo Arranz), las energías renovables y las ciudades inteligentes (Mariano Barroso), el pequeño comercio (Manuel García Izquierdo) o el propio presidente de la patronal andaluza CEA, Javier González de Lara.
En su intervención, Díaz recordó que el Gobierno andaluz había respondido a una de las principales peticiones de la primera reunión mantenida en octubre: la simplificación de las normas para facilitar los negocios en Andalucía. Aseguró que ya se han eliminado una de cada tres trabas o normas inútiles. Y pidió a los directivos que siguieran trasladándole acciones concretas a llevar a cabo para mover la economía andaluza, al tiempo que se comprometió a profundizar en la poda legislativa para eliminar más trabas, según algunos de los empresarios asistentes consultados por elEconomista.
"No por que haya más normas hay más seguridad jurídica. No es desregular, es simplificar, que la gente sepa lo que tiene que cumplir y lo cumpla. Pocas leyes que ofrezcan seguridad jurídica y que las cumplamos todos", resumió la presidenta.
Intervenciones
Entre las intervenciones de los convocados sobresalió la de Ricardo Arranz, quien aseguró que están por venir los diez mejores años para la actividad turística en la costa. Pero pidió al tiempo seguir facilitando trámites urbanísticos. Díaz señaló que la Junta ya ha hecho un trabajo importante en este sentido, y que las trabas se están encontrando ahora en la administración local.
Manuel Contreras, presidente de Azvi, reclamó la reactivación de la obra pública, que se encuentra bajo mínimos. Díaz reconoció que es así, que se está haciendo un esfuerzo por retomar proyectos pero que seguirá destinando recursos limitados ya que tiene que cumplir con el límite de déficit presupuestado.
Mariano Barroso solicitó que se apueste decididamente por la industrialización de Andalucía, ya que es esta falta de industria la que genera el diferencial negativo del 35 por ciento de tasa de paro respecto a otras comunidades. La presidenta ya había señalado los 800 millones destinadas en los últimos meses a fomentar el crecimiento económico y el empleo.
Respecto al sector de la distribución, Díaz repitió como ya hizo en octubre que no va a establecer ninguna nueva tasa a las grandes superficies. Aunque a cambio pidió al sector que mantenga los puestos de trabajo. Justo hace unos días, la presidenta se reunió con la patronal de la gran distribución (Anged), que le comunicó su intención de invertir 400 millones y crear 3.000 nuevos empleos en Andalucía en el próximo año y medio.
También intervino Antonio Luque, director general de Dcoop, para defender la aportación y papel clave de la agroindustria en Andalucía. La presidenta apoyó el mensaje y llamó a seguir trabajando para que el valor de la producción se quede en Andalucía cada vez en mayor medida apostando por la venta de producto transformado y no a granel.
Por su parte, José Moya, presidente de Persán, mostró a la presidenta la preocupación empresarial por el desafío secesionista en Cataluña. Díaz aseguró que sigue el tema muy de cerca y que rechaza el cálculo de balanzas fiscales presentado por el Gobierno. Aseguró a este respecto que se deberían tener en cuenta también el trasvase de fondos que supone la presencia en Andalucía, por ejemplo, de grandes empresas que logran aquí buena parte de su negocio y beneficios pero que luego pagan sus impuestos en las regiones donde tienen su sede social.
La gran distribución creará 3000 nuevos empleos en Andalucía
