La relación entre impuestos y sufragios cada vez es más estrecha. Es de esperar que se reoriente.
El derecho de participación en los asuntos públicos y el deber de contribuir a sostener los gastos posiblemente sean, entre las distintas formas que hay de vinculación de los ciudadanos con el Estado del que forman parte, aquellas que ofrecen mayores oportunidades para tomar conciencia del significado de ese vínculo y lo que este implica para cada uno. El derecho de participación se articula especialmente, pero no solo, a través del derecho de voto y, paralelamente, el deber de contribuir tiene su exponente más perceptible en la declaración del IRPF, aunque nadie ignora la pluralidad y variedad del sistema de ingresos públicos que tienen las administraciones.
Los dos exigen hacer o no hacer algo, pero de suyo, entre el derecho al voto y la declaración del IRPF no hay ninguna conexión directa, aunque ambos permiten a los ciudadanos elegir entre una serie de posibilidades, más o menos extensa en función de la propia naturaleza de cada uno de ellos ?uno está más próximo a los derechos y el otro a las obligaciones- y del grado de implicación que asuma cada ciudadano para ejercerlo y cumplirlo. Sólo en el fuero interno de cada quien se establecen las relaciones y ecuaciones que determinan el voto a unos u otros teniendo en cuenta, entre otras muchas cosas, lo que cuesta sostener los gastos públicos.
Esto venía siendo así hasta hace relativamente poco tiempo, cuando unas elecciones generales se celebraron después de algunas decisiones de política fiscal oportunistas que, entre otras cosas, supusieron varias mejoras tributarias para todos los contribuyentes del IRPF independientemente de su renta. No sería muy desmesurado pensar que entonces el vínculo entre el voto y la declaración del IRPF pasó de ser una ecuación individual e interna a convertirse en una relación explícita en la colectividad y de carácter completamente político. Llegado el caso, hasta se encontró un fundamento ideológico a la decisión, señalando que bajar los impuestos también es de izquierdas.
Quien abrió ese melón posiblemente no era del todo consciente del impacto futuro de sus medidas, especialmente cuando, como ocurre ahora en España por una serie de circunstancias también imponderables, el calendario electoral tiene varias de sus convocatorias en fechas muy próximas a aquellas en las que los contribuyentes tienen ya medida la cuantía de una parte de su cuota de sostenimiento de los gastos públicos.
La relación entre voto e IRPF parece continuar, pues, por una senda cada vez más estrecha, hacia una meta que, por su orientación, debiera en el límite terminar con el deber, lo que acarrearía seguramente la extinción también del derecho. Es de esperar que alguien reoriente el itinerario, resolución que es muy difícil de tomar teniendo en cuentas la rigideces que presenta, tanto el sistema de los ingresos públicos como el de los gastos.
Sin embargo, los ciudadanos observan también que están protegidos por cinco niveles administrativos distintos, cuyos gastos sostienen: comunitario, estatal, autonómico, provincial y local. Pero observan también, entre otras muchas, tres cosas: primero, que el medio ambiente en el que se desenvuelven quienes están en alguno de los cinco círculos no es desfavorable y permite unos índices de supervivencia más altos que fuera de ellos; segundo, que los cinco niveles están absolutamente volcados en proteger y cuidar a todos los ciudadanos mediante fórmulas variadísimas, a veces molestas o contraproducentes, sin que falte nunca la declaración ostentórea de su mayor preocupación por los más necesitados; y, tercero, que, a pesar de estas declaraciones, es frecuente que los distintos niveles tomen decisiones contrapuestas, debidas muchas veces, con exclusión de los supuestos de manifiesta incompetencia, a la propia acumulación de competencias sobre un mismo asunto, pero otras muchas tomadas simplemente por oponerse o contradecir la orientación de quienes arriba o abajo tomaron la decisión o la resolución a combatir.
Nada tiene de extraño, pues que, en el pasado próximo, muchas opciones electorales se hayan esgrimido, blandido o enarbolado según los gustos de los que votaron o no. Que las armas vuelvan de nuevo a la vaina o al carcaj en el futuro no va a depender sólo de medidas de puro maquillaje, como la pregonada y ya dada por finalizada reforma de la administración o los retoques en la contribución a los gastos. Seguramente se necesitan cambios más profundos y los cambios profundos requieren un plan y los planes requieren capacidad y decisión y aquí sí puede decirse aquello de que: "España, tenemos un problema".
Sin embargo, es bueno reconocer que quien pudo y quiso planificar, seguramente a muy largo plazo, lo ha hecho con éxito, independientemente de las pequeñas pegas de improvisación consustanciales al ser español.
Figuras fiscales ante la reforma
