El ayuntamiento de Sevilla y el Estado, accionistas de la sociedad pública Mercasevilla, decidieron en el consejo de administración del pasado viernes suspender los pagos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 que afectó a 43 trabajadores tras dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que lo declaran "nulo y abusivo", conocidas en las últimas semanas.
Las irregularidades detectadas desde 2011 por la juez Mercedes Alaya en este proceso de despidos -y en el precedente de 2003 en esta misma sociedad y para otros 40 empleados-, en el que descubrió que se habían incluido entre los prejubilados a personas que no habían trabajado en Mercasevilla (los intrusos), son el origen último de la macrocausa de los ERE, que suma ya 185 imputados.
Pese a estos antecedentes y a las sentencias del TSJA, el PSOE e IU -que gobernaban el ayuntamiento de Sevilla cuando se aprobó ese ERE en 2007- votaron el viernes en contra de suspender los pagos. Entre los prejubilados aparecen como intrusos un ex alto cargo del PSOE de Jaén, Antonio Garrido; y Juan Lanzas, el ex alto cargo de UGT Andalucía y principal conseguidor de los ERE que se incluyó el mismo en el de Mercasevilla, donde nunca trabajó.
La sociedad municipal venía abonando los pagos a los despedidos, ahora suspendidos, desde diciembre de 2009 después de que la Junta rechazara seguir haciéndolo tras dos años desde que se firmó el proceso de despidos. El exdirector general de Empleo, Javier Guerrero -uno de los cerebros de los ERE- acordó sin procedimiento alguno hacerse cargo de 6,9 millones para esas prejubilaciones, una decisión que sus sucesores no consideraron válida y cancelaron.
El coste total del ERE asciende a 9,4 millones, a razón de 286 días de salario anual de indemnización media para cada uno de los acogidos al proceso. Es decir, 236.578 euros por empleado. Los jueces de la sala de lo Social del Superior Andaluz calculan precisamente que la cantidad que puede considerarse un abuso y un exceso como pago de prejubilaciones es de 6,9 millones.
Y es que en sus dos sentencias el TSJA señala que, con las condiciones más favorables que contemplaba la ley en 2007 -una indemnización de 45 días por año-, el pago promedio hubiera sido de 63.521 euros. No obstante, en la tabla de indemnizaciones se recogen casos como un prejubilado con 50 años que recibiría 378.234 euros, a razón de 1.344 días por año trabajado, cuando le hubiera correspondido como máximo cobrar 13.878 euros. O a otro exempleado de la misma edad al que se le conceden 320.965 euros, a razón de 752 días por año, pese a que sólo le corresponderían 64 euros y tendrá que devolver 320.902 euros.
Al citado Garrido, por ejemplo, se le adjudicó una póliza de rentas de 442.000 euros, sobre la que la juez Alaya ha pedido datos exactos a la aseguradora Vitalia para conocer cuánto llegó efectivamente a cobrar. Los jueces son claros al señalar que estas indemnizaciones "desmesuradas" se pretendían cargar a la Junta de Andalucía "sea por la razón que sea, connivencia, favorecer a los trabajadores, corrupción de sus dirigentes...".
Precisamente Lanzas y las consultoras intermediarias Uniter y Vitalia están señaladas por la Guardia Civil y la juez Alaya por la percepción de comisiones exorbitantes y fuera de mercado por su participación en los ERE. Se estiman en 50 millones las sobrecomisiones cobradas por esta trama entre 2001 y 2010. La propia Mercasevilla entregó a la juez en 2012 un escrito en el que cifra en un millón de euros las sobrecomisiones abonadas en los ERE de la empresa, cantidad que salió de los fondos de la Junta que sirvieron inicialmente para respaldar esos despidos.
Los magistrados añaden: "Se evidencia un claro fraude en la intencionalidad y en la adopción de los acuerdos tomados en el seno" del ERE de 2007. "El mismo se instrumentó con base en una causa de déficit económico y para corregir la situación de sobredimensionamiento de la plantilla, lo que no concuerda en modo alguno con las previas extinciones también en el ERE tramitado en 2003, que redujo sensiblemente el número de trabajadores para volver a efectuar nuevas contrataciones que situaron una vez más a la plantilla en niveles insostenibles en relación con la situación de crisis".
Se da la circunstancia de que el mismo Superior de Andalucía ha avalado el ERE llevado a cabo el año pasado por el actual equipo de gobierno municipal, que el PP controla desde 2011, y que supuso la salida de 129 empleados con indemnizaciones de 20 días por año.
El TSJA anula indmenizaciones del ERE de 2007
