A la gravedad de la crisis se suma la percepción de que hay Adiministraciones que no controlan los fondos que gestionan.
La polarización ideológica permite una invocación permanente de los grandes principios como forma de aparentar rotundas diferencias entre los adversarios políticos. Este es un fácil recurso del que han hecho sobrado uso los partidos españoles para mantener la fidelidad de sus votantes. Parece que se atisban indicios de que, en el futuro, los electores van a pedir que se ponga mucho más el acento en las soluciones prácticas que en el debate ideológico, aunque esta puede ser una percepción meramente coyuntural, cuya intensidad y duración no son previsibles.
Hay situaciones, sin embargo, en que la gravedad de los problemas exige la adopción de los remedios prácticos que se consideren adecuados por encima de cualquier principio ideológico. No hay más que ver lo que se está haciendo en muchos países y regiones, incluida España, por los Gobiernos de los más distintos colores. Esta es una época, pues, de grandes remedios, que velis nolis tienen que aplicar unos, otros o la suma de unos y otros.
A la gravedad de la situación, se une la creciente sensación de que hay Administraciones que no controlan suficientemente el destino de los fondos públicos. Varias comunidades autónomas de nuestro país sufren casos de corrupción con una característica común: la amplia maraña de implicaciones de todo tipo.
Aun admitiendo que la comunidad autónoma de Andalucía no lo haya hecho peor que otras, habrá que convenir que está en ese grupo y que algunos aspectos importantes -empleo, educación-, unidos a la atención que suscita su situación institucional, más el hecho de que es una región receptora de distintos fondos de solidaridad y la misma reiteración de casos llevan a pensar que aquí el problema presenta perfiles específicos, que dañan su imagen. Y, tras su imagen, pueden salir perjudicados otros intereses más materiales, como los fondos europeos.
Es evidente que el problema puede afrontarse con más o menos intención de arreglarlo y, por eso, tanto se puede afirmar que sólo es un asunto de unos cuantos defraudadores que no empañan el buen funcionamiento del conjunto como que todo es un sistema de corrupción que no funciona más que en estado de podredumbre, sin que, por otra parte, estos extremos guarden ninguna relación directa o inversa con la voluntad real de aplicar soluciones.
Pero, sea cual sea la interpretación que haga cada intérprete, el problema seguirá ahí, porque la complejidad de las actividades del sector público en Andalucía es enorme y el instrumental con que se cuenta para mantenerlo sujeto y en orden o es insuficiente o está obsoleto. Por faltar, falta hasta una idea precisa y exacta de todo el material con el que se cuenta. Así que, como se ha dicho, unos u otros o todos, tendrán que buscar las soluciones prácticas que permitan un diagnóstico lo más certero posible, para aplicar el remedio indicado.
Desde el punto de vista presupuestario, hay una técnica quizá antigua pero nunca aplicada en España, que resulta especialmente indicada para un caso como este. Se trata del presupuesto base cero, que quiere decir que, en un ejercicio, las partidas presupuestarias no se preparan sobre la base de la dotación del ejercicio anterior, sino desde su raíz, desde cero, hasta determinar el importe que realmente se prevea que va a exigir la prestación de cada servicio o actividad pública o, en su caso, decidir no prestarlo.
Un remedio de este tipo obliga a analizar todo el sector público y elegir en cada caso lo que se estime conveniente. Por tanto, no es un procedimiento que pueda aplicarse a las primeras de cambio y todos los años, sino que hay que establecer unas bases e implicar a la mayor autoridad en las decisiones.
Lógicamente, un presupuesto así elaborado debe ser concebido para aplicarlo con cierto rigor pues, de lo contrario, no serviría de nada. De ahí, la necesidad de que se establezca un marco seguro y actualizado de ejecución presupuestaria. La Ley General de Hacienda debe ser una ley que asegure que el presupuesto aprobado por el Parlamento sea el que se ejecuta y no otro derivado de las modificaciones presupuestarias.
Por ello, esa ley debe tener garantizada su estabilidad y no quedar sometida a los remiendos que convengan a las necesidades de cada ejercicio. También deberá garantizar unos mínimos de eficiencia, de forma que el incumplimiento de los objetivos o alcanzarlos antieconómicamente originará responsabilidades. Se rayaría la excelencia si se suprimiesen definitivamente las subvenciones directas.
Para el control del efectivo cumplimiento de estos requerimientos se necesitan órganos independientes y dotados de medios suficientes. Para el control interno, es recomendable crear un cuerpo especializado de intervención, dotado de la necesaria independencia funcional, como se ha hecho ya en otras autonomías. Para el control externo, también hacen falta más medios y orientarlo hacia una gestión lo más parecida posible a la de las empresas de auditoría. La representación democrática es imprescindible para muchas cosas, pero no es recomendable en otras.
Proyectar y realizar alguna de estas sugerencias requiere tiempo y estudio. Sería preferible ver a los representantes políticos en el tiempo de legislatura que queda, más que alardeando de sus principios en todo tipo de eventos -campo o playa, feria o procesión-, organizando equipos y estudiando en sus despachos las posibles alternativas. De este modo, se seguiría disfrutando de este más plácido período de escasa actividad legislativa y, además, se podría concurrir a las citas electorales con mayor esperanza. Ojalá o Dios lo quiera.
Enseñanzas de Darwin y la etología
