La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, ha rechazado de nuevo -ya lo hizo en enero- la petición de hace una semana de la fiscalía Anticorrupción para dividir la causa en múltiples piezas diferentes.
De esa manera, la relativa a aforados como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán -y otros cinco diputados nacionales y autonómicos- pasaría al Tribunal Supremo.
Alaya respondió ayer en un auto de que todas las vías de investigación que sigue tienen una "extraordinaria interrelación" entre sí -utiliza jurisprudencia del caso Banesto para fundamentarlo en el concepto de continencia de la causa- y que separarlas podría generar un "caos procesal". "El riesgo de fallos contradictorios constituye más que una mera probabilidad, es un peligro obvio, serio e indiscutible que no debe correrse", argumenta.
Justo ayer, la fiscalía volvió a pedir escindir de la causa la pieza sobre las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, sobre las que la Guardia Civil entregó el viernes su atestado definitivo al juzgado. En él, según señalaron ayer fuentes jurídicas, se implica al diputado nacional José Antonio Viera (PSOE) -al que un atestado previo de 2012 atribuyó un "papel esencial" en el fraude de esas ayudas-, pero también al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo -preimputado entre los cinco exconsejeros y dos expresidentes- y al diputado autonómico del PSOE José Caballos -aforado ante el Tribunal Superior andaluz-.
Este último atestado indaga sobre los 52 millones concedidos fraudulentamente por la consejería de Empleo entre 2001 y 2010 a empresas de esa comarca. De ellos, 32 millones acabaron en manos de los empresarios José María Sayago y José Enrique Rosendo. También apunta el atestado de la Benemérita al papel jugado en esta trama por la antigua cúpula de la compañía gaditana Barbadillo, que abrió en El Pedroso (municipio de la Sierra Norte) el matadero Sierra de Sevilla: Pascual Caputo y Manuel Valdecantos, expresidente y exconsejero delegado.
Alaya investiga la concesión arbitraria por la Junta de 71 2 millones en avales 
