La Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2012 revela la delicada situación de las cuentas públicas, con un saldo de tesorería negativo que más que duplica el de 2011 y un alza del endudamiento que lleva a Antonio López, presidente de la Cámara de Cuentas, a alertar de la sostenibilidad de las finanzas autonómicas.
En su análisis del sector público empresarial dependiente de la Junta, el documento contiene algunas consideraciones relevantes. Primero, que las pérdidas del conjunto de empresas públicas se multiplicaron por 26 en 2012, hasta los 217 millones de euros. En 2011 fueron de 8,1 millones. El fuerte aumento se debe, fundamentalmente, a los números rojos que se apunta la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), de 196 millones. Este ente se creó en 2011 y el siguiente fue su primer ejercicio completo en funcionamiento.
Además, se observa el movimiento de personal realizado por la Junta para sacar plantilla de empresas o fundaciones fusionando o diluyendo entes en otros adscritos directamente a consejerías, lo que hace que dejen de computar como personal de la administración paralela. A final de 2011, empresas y fundaciones empleaban a 27.665 personas, cifra que no varió respecto a 2010. Pero a cierre de 2012, ambos tipos de entes suman 23.450. Estos son parte de los denominados enchufados, es decir, personal que cobra una nómina pública sin haber pasado pruebas de selección y que ha obtenido su puesto por afiliación -o cercanía familiar o personal- al PSOE, UGT o CCOO.
Esa disminución de 4.200 personas no se corresponde, mayoritariamente, con una reducción real de plantilla que haya supuesto ahorro a las arcas públicas. El personal 'desaparecido' ha sido, en tres de cada cuatro casos, trasladado a otros entes. Así, los 1.423 empleados que tenía la fundación Faffe -uno de los mayores conglomerados de enchufismo de la Junta- en 2011 se integraron en el SAE. Otros 1.710 empleados de la extinta empresa DAP han pasado a formar parte de la agencia Agapa, que no forma parte del sector público empresarial y está adscrita directamente a la consejería de Agricultura.
El 25 por ciento del personal restante perdido hasta esas 4.200 -unas 1.100 personas- sí se corresponde con desaparición de puestos de trabajo. Es el caso de la agencia Amaya, cuya plantilla desciende en 300 personas, hasta 5.137. O del grupo de empresas en torno a Santana Motor (en liquidación), que pasa de 416 personas en 2011 a 23 en 2012 -una caída de 293-. Hasta 500 empleos más se pierden en el resto de las 53 empresas públicas -cuatro menos que un año antes- y 23 fundaciones -seis menos-.
Presión fiscal
El coste del conjunto de entidades empresariales de la Junta ascendió a 3.558 millones en 2012, sumando las obligaciones reconocidas pagadas (2.824 millones sobre 3.638) y las abonadas correspondientes a años anteriores (734 millones, quedando aún 1.312 millones pendientes). Ese coste total creció un 40 por ciento interanual.
En su análisis de las cuentas agregadas de la Junta, el ente fiscalizador señala que la tesorería a cierre del ejercicio ha aumentado su posición negativa desde -606 millones a cierre de 2011 a -1.484 millones a final de 2012. El endeudamiento, que era de 19.711 millones (el 13,8 por ciento del PIB regional) a final de 2012, pasó en el tercer trimestre de 2013 -último dato conocido- a más de 22.000 millones. Antonio López, presidente de la Cámara de Cuentas, advirtió al presentar la Cuenta General de que "aunque el volumen de endeudamiento no es relevante por sí mismo, pues esta cifra está por debajo de la media de las comunidades autónomas, se hace necesaria mas sostenibilidad de las finanzas públicas", toda vez que "se registra cierta merma en los ingresos corrientes. Hay menor capacidad para obtener ingresos".
La Cámara ofrece además unas métricas novedosas, que reflejan la suficiencia fiscal de Andalucía, junto a la presión fiscal que soporta cada andaluz. Así, en 2012, sumando la recaudación reconocida por los tramos autonómicos de IRPF e IVA, los impuestos y tasas propios se alcanzan los 16.594 millones. Esto representa el 53,9 por ciento de todos los ingresos reconocidos de ese año (30.790 millones). Igualmente, esos 16.594 millones, divididos entre los 8.437.681 habitantes que tenía Andalucía ese año, suponen una media de casi 2.000 euros por persona.
Ambas magnitudes han evolucionado al alza conforme aumentaban los impuestos, tanto estatales como autonómicos, desde 2010. Así, la autonomía era del 29,9 por ciento en ese año, mientras que la presión fiscal por habitante se situaba en 1.173 euros. Ambas magnitudes han crecido así 24 puntos, en el primer caso, y un 67 por ciento en el segundo en sólo dos ejercicios.
Andalucía pagó casi 300 millones en ayudas al empleo sin justificar en 2009 y 2010
