Javier González de Lara, abogado malagueño de 50 años, es el nuevo presidente de la patronal andaluza. Quiere liderar una nueva etapa en la CEA en todos los sentidos. Reconoce las dificultades y, al tiempo, ha fijado claramente la transparencia, la honradez, la ética y el rigor como sus principios. Por ello, no rehuye ningún tema en esta primera entrevista con un diario nacional.
Ha sido elegido presidente con el 93% de los votos y, por tanto, ese grado de consenso le permitirá poner en marcha una serie de medidas para solucionar los graves problemas económicos de la CEA. ¿Cuáles son sus prioridades?
Son muchas, pero la más importante es normalizar la organización desde el punto de vista de proyección social, de prestigio y de orden interno. Lógicamente, me he marcado unos objetivos que son el relevo generacional dentro de la CEA, que ya se ha producido con la renovación de los órganos de gobierno; buscar un equilibro financiero y una organización mejor vertebrada no sólo territorialmente sino asociativamente, y mejorar los servicios al empresario.
Aseguraba estos días que es posible que las pérdidas de la patronal en 2013 puedan ser incluso similares a las de 2012. ¿Es el concurso de acreedores un escenario posible para la CEA en 2014 para reencauzar su futuro?
No recuerdo haber dicho nada en esos términos, porque estaría reconociendo el balance del ejercicio que se acaba de cerrar. Sí he dicho que puedo encontrarme con una coyuntura de pérdidas, pero desconozco su volumen. Necesito la serenidad lógica para abordar esa cuestión y tomar las medidas que sean necesarias para frenar las posibles pérdidas, en el supuesto de que las hubiese. Hablar ahora de concurso de acreedores es aventurado y desproporcionado, aunque todo es posible en la vida. Desconozco qué va a pasar dentro de unos años. Actualmente, estamos al día en el pago de las obligaciones fiscales, con la Seguridad Social y con la nómina de los trabajadores.
¿Qué ha pasado para que su antecesor, Santiago Herrero, y otros miembros de la CEA sean imputados por la promoción de VPO?
La Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa nació en 2005. Rafael Álvarez Colunga, ya fallecido, la creó para promocionar viviendas. Con la crisis, la empresa constructora Dolmen se vio obligada a paralizar unas obras que estaban al 98% finalizadas. ¿Qué ocurre? A partir de esos momentos se dan una serie de circunstancias negativas, como fueron la suspensión de pago de la empresa o los créditos a Bankia que luego pasan al ámbito de la Sareb. Sin el concurso de acreedores de Dolmen, la historia hubiera sido diferente, estaríamos hablando de otro escenario. ¿Fue afortunado este proyecto? Posiblemente no. A mí lo que me duele y me preocupa son las personas que están afectadas y los empresarios que no han cobrado su dinero. La Fundación no ha podido hacer frente a esos pagos, porque el asunto está judicializado y en manos de la Sareb. Me gustaría que se buscase una solución negociada, que se terminasen las obras y que se hiciera frente a las cantidades que se adeudan. Sólo aplico el sentido común.
¿Cómo casa que el tema de las VPO se asegure por su parte que es ajeno a la CEA y sea el ya expresidente Herrero quien se quede a gestionarlo? ¿Se lo ha pedido usted o ha sido decisión de Herrero?
Fue una decisión suya. De esta forma, él asume su responsabilidad y deja al margen a la CEA. En mi opinión es un gesto que le honra. Ni yo le he pedido nada, ni él tampoco lo ha hecho conmigo.
¿Mantiene la vigencia de una rehipoteca de la sede de la patronal en Sevilla o estudiará otras fórmulas para obtener fondos? Juan Rosell aseguró que tiene su apoyo para solucionar los problemas de la CEA.
Agradezco mucho al presidente de la CEOE su presencia, apoyo y sensibilidad con nuestra organización. Pero la CEA tendrá que resolver sus propios problemas. En cuanto a la operación financiera, había una en marcha que no ha llegado a buen término por una serie de circunstancias que han concurrido, como la no reelección de su presidente. Mi intención es buscar una nueva operación para refinanciar esas pérdidas de años pasados, en concreto la de 2012 y las que probablemente se vayan a dar en 2013.
Se mantienen en la cúpula Antonio Carrillo y Antonio Ponce como representantes más relevantes de la etapa anterior. ¿Por qué?
Antonio Carrillo es una persona con una gran trayectoria profesional y su mantenimiento como secretario general ha sido por expreso deseo de la propia organización y del nuevo presidente. La imputación no es una condena. Yo estoy convencido de que no ha cometido ningún delito y de que la querella se resolverá favorablemente. En cuanto a Ponce, ha sido uno de los cuatro vicepresidentes y ya no lo es. Pero cuento con él.
Con la grave crisis de tesorería y liquidez que sigue padeciendo el Gobierno andaluz, ¿es la refundación de la concertación social una vía de ingresos a corto plazo para las organizaciones sociales?
Para mí es muy importante que haya diálogo social y por tanto considero necesario reactivarlo como vehículo de entendimiento. En los últimos tiempos, sin embargo, ese diálogo social, político y económico se ha roto. Y lo que es más grave: hay gente a quien le interesa que siga quebrado. Yo siempre apostaré por el diálogo. No voy a hablar de los sindicatos, sino de mi organización, que siempre ha buscado medidas de reactivación económica y no una financiación.
Promete austeridad y transparencia
