
La Fiscalía Anticorrupción cree que Cristóbal Cantos, el directivo que destapó el caso Invercaria y que ahora es director financiero de la Zona Franca de Cádiz, tuvo un "papel crucial en el expolio de fondos públicos" y por ello no puede ejercer la acusación particular.
Así lo afirma la Fiscalía en el escrito en el que se opuso a que Cantos pudiese ejercer la acusación particular en el caso Invercaria, posición que finalmente ha sido respaldada por el juez de instrucción 16 de Sevilla. La Zona Franca es un ente dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno central, cuyo titular es Cristóbal Montoro. Cantos accedió al puesto tras ser despedido de Invercaria.
Por su parte, instructor del caso, Julián Gutiérrez, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que la acusación particular la puede ejercer "una persona cuando un presunto hecho delictivo le haya perjudicado de modo directo e inmediato". Pero en el caso de Cantos, añade, "los hechos que actualmente se investigan no le han causado ningún perjuicio directo e inmediato, sobre todo por una razón bastante evidente y que no es otra que su presunta participación en su comisión, lo que en este momento está en trance de dilucidar y definir" el juzgado.
Cantos inició el caso Invercaria al denunciar supuestas presiones de Laura Gómiz, expresidenta de la empresa pública andaluza, para hacer informes falsos pero finalmente ha terminado imputado por las inversiones de 300.000 euros en la sociedad jiennense Fumapa cuando él era director de Promoción de Invercaria. Fumapa tiene sede en La Carolina, localidad natal del expresidente de Invercaria y el exconsejero de Innovación de la que pendía esta sociedad cuando se hizo esa inversión, Tomás Pérez y Francisco Vallejo. Pérez Sauquillo está imputado en el caso.
Papel crucial
La participación de Cantos en ese "presumible expolio de fondos públicos ha sido crucial, dada su condición de director del área de Promoción" y si hasta ahora no había sido imputado "es por el escrupuloso seguimiento de este Ministerio Fiscal y del juzgado de las normas que rigen la imputación", dice Anticorrupción.
La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito notificado hoy a las partes, afirma que Cantos acudió a la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, para denunciar "de modo genérico las presiones" que supuestamente sufría, pero las diligencias que finalmente abrió el juez número 16 no se refieren a tales coacciones sino que buscan "esclarecer el abuso y malversación de capital público, beneficiando a terceros y al margen de controles administrativos".