Gerardo de la Cruz, director de una oficina de la extinta Caja San Fernando -luego, Cajasol- en un pueblo de Sevilla, adelantó ese volumen de dinero en ayudas a nueve empresas.
Gerardo de la Cruz, director de 2003 a 2005 de una oficina de Cajasol -hoy Caixabank- en Constantina (Sevilla) adelantó dinero a nueve empresas que recibieron ayudas fraudulentas del fondo de reptiles para ERE. Lo hacía mediante endosos, "que se crearon para defraudar fondos públicos y financiar ayudas sin cobertura presupuestaria", según la juez Alaya. Le acusa de malversación y tráfico de influencias, y hace responsable civil a Caixabank de la fianza de 1,3 millones.
Además, las detenciones de varios sindicalistas la semana pasada en la Operación Heracles II dentro de la investigación por el fraude de los ERE en Andalucía ya tienen sus primeras consecuencias para las dos centrales mayoritarias. La juez Mercedes Alaya impuso ayer sendas fianzas de 251.000 euros al actual secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros al exresponsable de la Federación Minerometalúrgica de CCOOAndalucía entre 1991 y 2009, Roberto Carmona. Los dos sindicatos como tales son además responsables civiles subsidiarios de ese montante, según los autos emitidos ayer por la magistrada.
Estas son las cantidades que ambos sindicatos cobraron de Uniter, la intermediaria en varios ERE en distintas minas de la Faja Pirítica de Huelva que se financiaron con dinero público a principios de siglo. En total, la Guardia Civil ha apuntado a que CCOOy UGT cobraron 7,6 millones por su participación en los ERE que se están investigando, dinero que procedió de las sobrecomisiones pagadas por la Junta a dos intermediarias -Uniter y Vitalia-. Los sindicatos, sus altos y exaltos cargos y familares habrían cobrado en total hasta 22 millones del fraude de los ERE.
Los conceptos por los que ambos sindicatos recibieron ese dinero no están claros. La juez preguntó a Mera durante su declaración si las reuniones, concentraciones y elaboraciones del censo actuarial de trabajadores que se prejubilaban -conceptos con los que los sindicalistas trataron de explicar la exigencia y recepción de ese dinero- no eran en sí mismos cometidos sindicales intrínsecos. Por los que no cabría pedir pago alguno. Mera, de UGT, reconoció que sí.
Alaya dice en sus autos que ninguno de esos conceptos "respondieron a gastos necesarios soportados realmente" por los sindicatos. Y acusa por ello a esos dos sindicalistas de malversación.
También impone fianza de 531.000 euros a Ángel Quesada, empresario de Málaga, por haber acordado con el sindicalista de UGT Juan Lanzas -principal conseguidor de los ERE- pagos de 400.000 euros a cambio de que la Junta financiara 55 despidos en uno de sus hoteles en 2004. Igualmente, imputa cohecho, tráfico de influencias y malversación al exnúmero 2 de CCOO en Córdoba, Francisco Casado, por su papel en otro ERE.
Los sindicatos sus altos cargos y familiares cobraron hasta 22 millones del fraude de los ERE
