La magistrada, tras reconocer Antonio Lozano en su declaración que la ley impide pagar subvenciones mediante transferencias de financiación, le acusa de conocer que incumplía leyes autonómicas y estatales.
La declaración del exdirector general de Presupuestos de la Junta, Antonio Lozano, en el sumario de los ERE ha derivado en que la juez instructora, Mercedes Alaya, apunte ya "indiciariamente" a que al menos hasta ese nivel de responsabilidad dentro de la Junta se conocía la ilegalidad del sistema de pago de las prejubilaciones que fueron subvencionadas por la Junta a las empresas que acometían ERE al menos entre 2000 y 2010. Hasta ahora, desde la Junta de Andalucía se ha defendido siempre la legalidad del sistema, incluyendo al propio expresidente Griñán, señalado ya por la juez como preimputado junto al expresidente Manuel Chaves.
Y ello por dos motivos: primero, porque el propio Lozano reconoció a la juez que utilizar transferencias de financiación para que el ente IFA (hoy Idea) abonara esas pólizas de prejubilación por orden de la consejería de Empleo era contrario a la ley. La figura de las transferencias de financiación no puede servir para abonar subvenciones. Lozano ocupó ese cargo de 2002 a 2009. Desde mayo de 2011 hasta este mes de septiembre ha ocupado la viceconsejería de Presidencia, es decir, ha sido número dos de Susana Díaz, la hoy presidenta de la Junta de Andalucía.
Lozano conocía indiciariamente que ese era el uso que se estaba dando a esas transferencias de financiación porque participaba en las reuniones con otros altos cargos en las que se examinaba el uso de las distintas partidas del presupuesto cara a su elaboración todos los años; y porque en las modificaciones presupuestarias que aprobaba su departamento todos los años para surtir de más fondos al IFA con los que cubrir los desfases derivados de esos pagos de prejubilaciones sin control se adjuntaban memorias justificativas que recogían que ese dinero iba destinado al pago de pólizas de prejubilaciones. Así se detalla en dos expedientes de modificaciones presupuestarias de 2002 y 2005.
Junto a todo ello, y como explica la juez en el auto en el que razona la imposición a Lozano de una fianza civil de 46,4 millones, el sucesor de éste en la dirección de presupuestos en 2009, Buenaventura Aguilera -que declara justamente hoy ante la juez- cambió 45 días después de tomar posesión las partidas presupuestarias de las que salían las transferencias para hacerlas coincidir con las destinadas al pago de subvenciones. "Lo que prueba indiciariamente que el hoy inculpado, director general de Presupuestos [Lozano] podía impedir el uso de la partida de transferencias de financiación". Y no lo hizo.
La actuación de Lozano, según la juez, conculca tanto la Ley de Hacienda de Andalucía como la Ley General de Subvenciones estatal. Además, "la ausencia de control sobre tales subvenciones generó unos déficit millonarios que alcanzaron los 94 millones en 2005" en el presupuesto de la agencia Idea, explica la juez. Para cubrir esos déficit se aprobaban esas modificaciones presupuestarias. Unas modificaciones que aprobaba también el consejero de Hacienda -Magdalena Álvarez hasta 2004 y, desde entonces, José Antonio Griñán, hasta 2009-.
En el mismo auto, Alaya rechaza imponer fianza al exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez -imputado- ya que informó de las irregularidades desde 2005 pero sin seguir el procedimiento reglado "que hubiera acabado en el consejo de Gobierno", apunta la juez.
La Junta no recurrirá el auto que señala a Griñán en los ERE