La Fiscalía pide a la juez Mercedes Alaya que motive mejor el auto en el que señala como preimputados a los dos expresidentes y cinco exconsejeros para evitar causarles "indefensión". Asegura que le falta "solidez" y que "no se ajusta a Derecho".
Una vez estudiado el auto que la magistrada dictó el pasado martes, Anticorrupción lo ha recurrido directamente en apelación ante la Audiencia Provincial al entender que la resolución "no está suficientemente fundamentada" y "no se ajusta a Derecho". Las personas aludidas en el auto son los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y los exconsejeros de la Junta Carmen Martínez-Aguayo (Hacienda desde 2009 hasta esta semana), Antonio Ávila (Economía desde 2009 hasta esta semana), Manuel Recio (Empleo entre 2009 y 2012), José Antonio Viera (Empleo, de 2000 a 2004) y Francisco Vallejo (Innovación, de 2004 a 2009), todos ellos aforados.
Pese a este aforamiento, la Fiscalía no plantea a la instructora que eleve ya el caso al Tribunal Supremo. Es relevante que el recurso será resuelto por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, la misma que, en un auto dictado el pasado mes de agosto, instó a la juez a "apurar y depurar la instrucción" para "completar la investigación", advirtiendo incluso de que Alaya podía tomar declaración a un aforado en el caso de que éste se prestara voluntariamente a ello.
En el auto de la juez, que fue conocido coincidiendo con la toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno andaluz, la magistrada decidió dar traslado de las actuaciones y de los próximos señalamientos de declaraciones a Griñán, Chaves y los cinco exconsejeros a fin de que puedan personarse en la causa "si ese fuera su interés".
Sin robustez ni solidez
La Fiscalía comparte con la juez su impresión de que "no son pocas las críticas que se pueden hacer" del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la comunicación a los aforados de las causas abiertas contra ellos, pero también dice que "debe ponerse en tela de juicio que, en la presente causa, con este auto se haya dado cumplimiento a los requisitos" para aplicar dicho artículo.
Recuerda el fiscal que un juez instructor no puede, por mandato constitucional, "imputar o siquiera investigar de manera directa a una persona aforada", sino que debe hacer una "exposición razonada, agotada la instrucción", y elevarla al Tribunal Supremo.
El escrito recoge la circunstancia de que en el caso de los ERE hubo hasta siete denuncias por parte de la propia Junta, el PP o sindicatos, pero "en ninguno de ellos se dirige la acción penal o se denuncian hechos penalmente relevantes atribuibles a ninguna de las siete personas aforadas".
De la lectura del auto de Alaya, según la Fiscalía, "no se alcanza a conocer, por falta de individualización, cuáles son los concretos hechos investigados que se pueden atribuir a cada uno los denominados como 'imputados provisionales', añade Anticorrupción, sino que se exponen indicios de forma "débil o fragmentaria" y "sin la robustez y solidez que exige la exposición razonada".
Dimisión
En paralelo, y tras la segunda reunión del consejo de Gobierno en esta semana, el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez, apuntó que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando si recurrir el citado auto. Sería el segundo contra el que recurre la Junta, tras hacer lo mismo con el de julio pasado que imputó a 20 altos y exaltos cargos de la Junta, entre ellos la exconsejera de Hacienda y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Además, en el consejo de Gobierno se ha conocido la dimisión, a petición propia, de Antonio Lozano, viceconsejero de Presidencia de Susana Díaz el último año y medio, e imputado en los ERE por su papel como director general de presupuestos de 2002 a 2009.
Precisamente, y tras las dos peticiones de Anticorrupción para que la juez llame a declarara a los imputados que aún no lo han hecho -72 sobre un total de 123 en la causa-, la juez ha señalado un nuevo calendario de citaciones en el que se incluye la de Álvarez para el próximo 8 de octubre. La exconsejera de Hacienda entre 1994 y 2004 ha recurrido justo esta semana su imputación alegando que los hechos habrían prescrito y que los delitos que se le atribuyen no están bien motivados y le causan indefensión.
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