Critica la estrategia del Gobierno como acusación al tiempo que defensor de los 20 altos y exaltos cargos imputados en el caso ERE, entre ellos la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez.
La juez Mercedes Alaya ha resuelto sobre la parte que le compete en el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra su decisión de imputar a 20 altos y exaltos cargos del Gobierno andaluz entre 2000 y 2013. La Fiscalía Anticorrupción ya presentó un escrito contrario a ese recurso de la Junta en el que ya desmontó los argumentos de la Junta.
En un auto de 22 de julio, la instructora rechaza los dos argumentos por los que la Junta solicitaba retrasar la comparecencia de Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta entre 2000 y 2010, que ha apuntado claramente a la responsabilidad de José Antonio Griñán por no detener el sistema opaco de pago de los ERE fraudulentos mientras fue consejero de Hacienda (2004-2009). Su antecesora, la también exministra Magdalena Álvarez, es una de las 20 imputadas.
Primero, la juez dice que la ley no le obliga a realizar un relato pormenorizado de los hecho punibles que se imputan a cada una de esas 20 personas. La Junta acusa a la juez de haber emitido un auto inconcreto. En este aspecto, Alaya coincide con el citado escrito aportado por Anticorrupción.
En segundo lugar, y contra la argumentación de la Junta de que imputar a altos cargos por su gestión de las transferencias de financiación para pagar de forma opaca los ERE es cuestionar las leyes de Presupuestos sin tener competencias para ello, la juez señala que el destino de esas transferencias no se recoge en esas leyes, sino en informes que no eran aprobados por el Parlamento. La Junta señalaba que cuestionar esas leyes sólo puede ser impulsado jurídicamente por el Tribunal Constitucional.
Por ello, mantiene la declaración de Manuel Gómez para el 24 de julio, y cita a otros 5 imputados para septiembre y octubre.
Por último, la juez critica la actitud de la Junta al recurrir su auto ante la Audiencia Provincial, y no con un recurso de reforma ante su propio juzgado, "posición más propia de una defensa que de una acusación popular" -el Gobierno andaluz es por ahora acusación- "lo cual llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta", asegura. El PP andaluz ya señaló hace unas semanas, cuando la Junta anunció su recurso contra esas 20 imputaciones, que pedirá formalmente a la juez que aparte a la Junta del caso.
El fiscal se opone al recurso de la Junta contra la imputación de Álvarez
