Dice que "llama la atención" que el recurso proceda de la Junta y no de ninguno de los 20 imputados. Y contradice al Gobierno al asegurar que el auto sí está suficientemente motivado. También pide mantener la declaración del exinterventor Manuel Gómez el 25 de julio.
La Fiscalía Anticorrupción ha puesto los puntos sobre las íes a la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz recurrió el auto de imputación de 20 altos y exaltos cargos del Gobierno andaluz en el sumario de los ERE. Entre sus argumentos, destacaba el de la falta de motivación del auto de la juez Mercedes Alaya. En el comunicado en el que anunció su recurso, la Junta dijo por dos veces que ese argumento era coincidente con el del Ministerio Fiscal.
Pues bien, ahora es el fiscal Anticorrupción quien habla para desmentir tal extremo, además de pedir a la Audiencia Provincial que resolverá ese recurso que mantenga la declaración del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, en la fecha prevista: el próximo 25 de julio. La Junta también pedía en su escrito retrasar esa declaración -Gómez es uno de los 20 imputados, pero la Junta teme su testimonio- hasta que no se resolviera su recurso.
Sobre este último asunto se ha pronunciado el presidente andaluz, José Antonio Griñán, quien ha asegurado, en relación a la posible suspensión de la declaración del exinterventor de la Junta Manuel Gómez Martínez, por el caso de los ERE falsos, prevista para el 25 de julio, que "la seguridad jurídica no tiene tiempos".
Además, la fiscalía niega el argumento de la Junta de que el auto de la juez Alaya no tuviese la motivación suficiente, pues tal aspecto no es "plenamente exigible" para el respeto al derecho de defensa de los nuevos imputados, entre los que se encuentran la exministra Magdalena Álvarez y diecinueve altos cargos o exaltos cargos.
En el mismo sentido, no comparte tampoco que pueda haber indefensión para los imputados por esa falta de motivación, como defendía el Ejecutivo de PSOE e IU. La fiscalía entiende que "no es plenamente exigible que tal relato lo mas pormenorizado posible" de los hechos delictivos sea hecho al imputado antes de comparecer ante el juez asistido de letrado "y con todas las garantía legales y derechos".
Además, el escrito señala que al fiscal le "llama la atención" que hasta el momento el único recurso interpuesto contra el auto de imputación no provenga de uno de los nuevos imputados sino de la Junta, que ejerce la acusación particular. Este es el argumento clave por el que el PP, también personado como acusación, ha pedido formalmente a la juez que aparte a la Junta como acusación en el caso.
Uso perverso del presupuesto
También rechaza el fiscal que la juez Mercedes Alaya haya "criminalizado" las llamadas transferencias de financiación, las modificaciones presupuestarias y las sucesivas Leyes de Presupuestos de la Junta, sino que simplemente la magistrada "parte del uso perverso" de tales figuras y su "uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta".
El objetivo sería "poder dilapidar los fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros" y ese supuesto delito "implica a todos aquellos que, conociendo tal uso perverso, lo hicieron posible o simplemente no lo evitaron". Y abunda el escrito: "La fórmula montada tiene una apariencia formal de legalidad pero una ultima finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa".
Esa finalidad "se sedimenta en hechos objetivos que parten del uso indebido de la figura de las transferencias de financiación, engordadas mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, unido a la no consideración como subvenciones de las ayudas sociolaborales", añade el escrito.
Todo ello "junto a la fórmula consagrada en el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA del mes de julio de 2001, que hábilmente, a los mismos efectos de evitar cualquier fiscalización que estorbara, separaba el expediente de la ayuda del pago", por lo que el interventor "al fiscalizar el pago no contaba ni podía contar con el expediente previo de la ayuda". Ese convenio sirivió de marco para la utilización de los 730 millones del fondo de reptiles desde la consejería de Empleo desde 2001 a 2010.
Entidades
Magdalena Álvarez
Exministra de Fomento
La Junta recurre la imputación de 20 altos cargos en los ERE y el PP pide a la juez apartarla del caso